Minería Informal en Madre de Dios. ¿Napalm o desarrollo?

Foto: RPP

¿Cómo enfrentar el grave problema de la minería informal? ¿Tratarlos simplemente como delincuentes, o reconocer que también subyace un complejo problema social? Si las autoridades gubernamentales aplican el primer método, entonces no nos extrañaría que el conflicto se agrave aún más y que la sangre llegue al río literalmente. De ahí a echarle napalm a los protestantes ─como pedían desatinadamente algunos inefables personajes─ estamos a un solo paso. Sería gestionar torpemente el conflicto y un retroceso hacia las viejas prácticas del segundo alanismo que ocasionaron 191 muertos. Humala lleva cuatro.

Tampoco estoy planteando que les pongamos alfombra roja y una tacita de café a las hordas de mineros ilegales. Nada más lejos de la verdad. No se puede ser condescendiente con una minería que está fuera de control, donde no hay pago de regalías, ni de canon, donde explotan a trabajadores adultos y niños, y que contamina el medio ambiente con impunidad. Pero lo que sí debemos comprender es que la solución no llegará mediante una bota militar o el rastrillar de las armas. El tema es más complejo. Allí están las cifras. Según el último censo del 2007, el 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) del distrito de Madre de Dios se dedica a la actividad minera. ¡40%! Mientras que en el distrito de Huepetuhe es del 22%. Ambos distritos pertenecen a la provincia del Manu. La situación es similar en la provincia de Tambopata. En los distritos de Inambari y Laberinto, la agricultura sigue siendo la principal actividad económica pero la actividad minera ocupa el segundo lugar, con 20 y 16% respectivamente.

Es decir, estamos ante una región que tiene a la pequeña minería como su principal actividad de sobrevivencia. Y esta afirmación se consolida con otra cifra del censo de 2007: el 41% de la población de Madre de Dios inmigró desde diferentes lugares del Perú. Migrantes que ahora se dedican a la minería aurífera. Si el gobierno de Humala continua con la prohibición y persecución de la minería ilegal: ¿Cuál será la actividad económica alternativa a la que se dedicarán miles de mineros informales? El gobierno de Humala está obligado a tener una estrategia que plantee un desarrollo económico alternativo en la región. Una estrategia que funcione de manera paralela a la interdicción. ¿Existe esta estrategia? No.

El problema de la minería en Madre de Dios se vuelve más complejo cuando descubrimos que varias empresas mineras formales grandes son las que sostienen y financian a los pequeños mineros informales. El exviceministro del Ambiente, José De Echave lo reveló hace un tiempo: que las actividades mineras formales e informales coexisten y en algunos casos se conectan. Incluso el economista neoliberal Miguel Santillana ─a quien nadie acusaría de antiempresarial─ denunció en su momento que existe un oligopolio de 8 a 10 empresas formales que se benefician de la comercialización del oro producto de la minería informal de Madre de Dios. Estas empresas habilitan con explosivos, maquinaria, combustible, pago de planillas y alimentos a los campesinos que extraen la roca y que realizan el primer proceso con mercurio. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Cuál es su poder? ¿Por qué no las sancionan y las cierran?

Pensar en un desarrollo para Madre de Dios, enfocado en la agricultura, en la actividad forestal, el turismo e incluso una minería artesanal mínima y bien controlada, significa pensar también en el camino que debe tomar el Perú en su transición hacia otras actividades no-extractivas. Los precios altos de los minerales no durarán para siempre y están generando una dependencia tóxica y cortoplacista. Madre de Dios debería ser ese primer paso para buscar otras alternativas al extractivismo.

Artículo publicado en SPACIO LIBRE

CONSULTA PREVIA: "Existen presiones para apurar la aprobación del Reglamento"

El borrador del Reglamento de la Ley de Consulta ─que será aprobado de manera apresurada por el Poder Ejecutivo─ perdió legitimidad porque solo fue avalado por dos de las seis organizaciones indígenas que participaron en las reuniones de la Comisión Multisectorial.

Según el abogado y directivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Javier Jahncke, existen varias observaciones al Reglamento. Temas como el consentimiento y la definición de los sujetos de consulta, motivaron varios desacuerdos. La última palabra y decisión la seguirá teniendo solamente el Ejecutivo, acotó Jahncke.

Reveló que fue evidente la presión recibían los funcionarios del viceministerio de interculturalidad, para aprobar sí o sí el Reglamento de la Ley de Consulta. "En un día terminamos de revisar un capítulo entero del Reglamento. Querían terminar lo mas rápido posible y las organizaciones indígenas reclamaban por un mayor debate, sin embargo nunca las escucharon", detalló el directivo de FEDEPAZ.

Pero, ¿qué pasará cuando se apruebe el Reglamento? "Se pueden agudizar los conflictos, en especial los relacionados a la explotación de nuestros recursos naturales. Si se aprueba el Reglamento, los indígenas no acatarán esta norma, por eso queda claro que el remedio será peor que la enfermedad", dijo Javier Jahncke.

¿El fenómeno La Niña regresó al Perú? - Responde el Senamhi

En los últimos días, algunas regiones del país que son vulnerables, están sufriendo el impacto de diversos fenómenos naturales como el desborde de los ríos. ¿Estos fenómenos naturales son producto del fenómeno La Niña? Ena Jaimes, directora de climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, menciona que en la actualidad existe un enfriamiento de las aguas en el Pacífico Central y que está catalogado como ´La Niña´. Sin embargo en el Pacífico Sur la situación es diferente. 

Conocemos que año tras año los desastres se incrementan en el país y las pérdidas materiales son grandes. Si sabemos que ocurrirá cada año ¿porque no se toman las medidas necesarias de prevención? La ingeniera Jaimes indica que existe una falta de comunicación con los principales actores en las zonas de desastre, como por ejemplo los gobiernos locales. A esto se suma que no tenemos una cultura de prevención ante desastres, debido a la falta de educación en el tema. Por ejemplo se debe enseñar desde el colegio cuándo son los periodos de lluvias más intensos y de esa manera estar preparados para construir fuertes defensas ribereñas y ayudar a reducir los desastres.

MUJER RURAL: La discriminación de género en el campo

No se puede hablar o escribir de la situación de la mujer rural sin tratar al mismo tiempo el tema de las relaciones de género existentes en el campo. Y hay muchos temas por hablar. Desde la labor estratégica de la mujer agricultora para garantizar la seguridad alimentaria hasta la violencia de género que viven las mujeres en el campo. 

Sin embargo, un problema estructural continua de manera persistente en el país: la discriminación de género en el campo. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO ─sobre las inequidades que se presentan en el empleo rural y agrícola─ alerta sobre los menores beneficios que reciben las mujeres del empleo rural, en comparación a los salarios o ganancias que reciben los varones. Muchas mujeres que trabajan en empresas agroindustriales reciben no solo bajos sueldos, en medio de empleos informales, sino también tratos infrahumanos. 

¿Qué es lo que pasa? La pregunta puede parecer sencilla de responder: Las dinámicas económicas y sociales en el sector rural están caracterizadas por roles de género muy diferentes. Las mujeres agricultoras trabajan en el campo pero son muy pocas las que son conductoras de un predio o dueñas de un título de propiedad. Según el censo agropecuario de 1994, sólo el 4.7% de las agricultoras contaba con un título de propiedad registrado, a diferencia del 14.7% de hombres que sí lo tenían. Otro ejemplo de exclusión es en la comercialización de los cultivos, que es asumida por los varones, limitando así la autonomía económica de las mujeres rurales. Estos roles diferenciados de género se presentan desde la infancia. 

División sexual del trabajo 

A pocos kilómetros del valle de Pisco, se encuentra la irrigación Cabeza de Toro, donde se cultiva principalmente el algodón. Hace un par de años realicé una investigación en ese valle algodonero. Al igual que en otros valles agrarios, en la irrigación Cabeza de Toro, todos los integrantes de la familia se dedican a trabajar en el campo. La mano de obra de los niños y niñas es muy requerida en dichos espacios. Desde los 5 o 6 años, los niños empiezan a realizar sus primeras faenas agrícolas en el campo. Labores sencillas como quitar la maleza para que no vuelva a crecer rápido, limpiar la acequia, botar las piedras, hasta ayudar en a regar los cultivos, vigilando que los cultivos hayan sido regados adecuadamente. 

A esa edad, la división sexual del trabajo en el campo no está tan diferenciada, ya que niños y niñas realizan las mismas labores. Sin embargo, al interior del hogar, los roles son diferentes a los que se observa en la chacra. Los primeros roles que se aprecian en el hogar, son precisamente las labores referidas al mantenimiento de la vivienda familiar y las actividades relacionadas a la crianza de los hijos. La mayoría de agricultores varones se encuentran fuera del hogar gran parte del día, trabajando más de 10 horas en el campo, y luego regresando a sus viviendas. Es entonces que la crianza y cuidado de los hijos recae en la madre. 

Al interior del hogar aún existe la tendencia de que las hijas apoyen a sus madres en las labores de cocinar, no solo para la familia sino también para los peones que trabajan en el campo. Fuera de la cocina, muchas niñas también se dedican a limpiar o barrer el patio. Sin embargo, estas labores no son asumidas por los niños varones, en los cuales recaen otras actividades fuera del hogar, principalmente la de buscar leña para la actividad de cocinar que realiza la madre y sus hijas. 

En muchos casos los hombres asumen la responsabilidad de conducir las labores en el campo, mientras que a la mujer se le impone el mantenimiento del hogar y la alimentación de la familia. Pero no solo eso, sino que en sus horas libres la esposa y los hijos deben ayudar en tareas complementarias a la actividad del varón en la chacra. En otros casos, los varones abandonan el trabajo en el campo por otras actividades remuneradas, principalmente en las ciudades. El ministerio de Agricultura calcula que dos millones 110 mil mujeres se dedican a las actividades agropecuarias en el Perú, cifra que representa el 42 por ciento del total de trabajadores del sector, es decir cinco millones 24 mil 000 peruanos. Un proceso de feminización de la agricultura. 

La división sexual del trabajo en el campo peruano tan solo replica los roles diferenciados de género que las familias agricultoras han transmitido durante generaciones. Las madres encargadas de la crianza de los hijos durante gran parte del día y a lo largo de toda la infancia, son las primeras que educan a sus hijos replicando los roles impuestos por la actual sociedad patriarcal. Los únicos roles que conoció y aprendió sobre la crianza de los hijos. 

La división sexual del trabajo se verbaliza cuando los varones agricultores crecen pensando que las labores domésticas “son poca cosa y que ellos que son hombres no pueden hacer esas cosas.” Estos roles diferenciados de género siguen replicándose y las mujeres continúan siendo discriminadas del ámbito de comercialización de los cultivos ─donde se encuentra la gestión del dinero─ y de la participación política en los gremios agrarios, donde se toman las decisiones sobre el futuro de la comunidad. 

Por eso es urgente y necesario realizar un cambio en los roles diferenciados de género. Un cambio donde se sensibilice a los hombres sobre los beneficios empoderar política y económicamente a las mujeres. Algunas propuestas plantean que una equidad de género necesita una redistribución de responsabilidades. Que exista una mayor participación de la mujer en empleos con una remuneración justa, o incluso en la comercialización y negociación de la cosecha. Esto debe realizar de manera paralela a una mayor participación de los hombres en la crianza de los hijos así como las labores actuales que realizan las mujeres en el hogar. Y de igual manera que se promueva una mayor participación política de la mujer rural peruana en sus gremios agrarios o campesinos. Luchar contra la discriminación de género en el campo es una deuda que nuestra sociedad, al parecer, aún no ha iniciado.

Artículo publicado en SPACIO LIBRE

Concentrar la propiedad de la tierra atenta contra la seguridad alimentaria

 

El congresista de la república Virgilio Acuña, de Solidaridad Nacional, está planteando un proyecto de ley para limitar la propiedad de la tierra. Afirma que su proyecto no tiene nombre propio, es decir no está orientado a poner freno a las ambiciones de la empresa Gloria. Dice que ─por el contrario─ lo que busca dicho proyecto de ley es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de todos los peruanos. "Cuando se concentra la propiedad de la tierra se atenta contra la seguridad alimentaria", manifiesta. 

En la entrevista el congresista lambayecano señala que actualmente hay dos grandes tendencias en el Perú: una que existen grandes cantidades de tierra que están orientadas exclusivamente al cultivo de la producción de caña de azúcar para la producción de combustible. La segunda tendencia es que cada vez hay más productos para la gran exportación. Afirmó que con esas dos tendencias se está descuidando la alimentación nacional. 

El congresista Acuña, señala que con la concentración de la tierra, no solo se descuida la alimentación interna, sino que las tierras quedan en pocas manos, lo que genera una dependencia social, económica, porque el propietario de las tierras condiciona valles enteros, y se convierte en un poder decisivo de los temas políticos. 

Algunos sectores empresariales han criticado al proyecto de ley del congresista Acuña, argumentando que a través de las grandes extensiones de tierra, las empresas están generando mas trabajo y mas divisas. Ante ello el congresista Acuña señaló que "el desarrollo de la gran exportación no esta dado por el tamaño de la tierra".

¿DERECHO A COMER RICO? : EL PERU ESTÁ DESNUTRIDO

Quizá deberíamos cambiar la frase del famoso comercial de Marca Perú: “Tienes derecho a comer rico”, por una pregunta más realista, de tinte dramático y sin tanto megáfono: ¿Tienes alimentos para comer? La respuesta sería como sacarle la venda de los ojos a muchos que aún siguen creyendo que el Perú va camino a su ansiado “primer mundo”. ¿Todavía sigues creyendo que los “pobres” son una especie en extinción y que solamente son casos aislados en Perú? Bueno, si sigues creyendo eso, es que estás viviendo en una burbuja.

La prueba más contundente de que el Perú todavía sigue teniendo niveles comparables a los de un país africano (sin agraviar a los habitantes de dicho continente), pues son las cifras alarmantes, escandalosas y deprimentes sobre la desnutrición crónica en nuestra población infantil.

En la actualidad el Perú, a pesar de su Marca, sus chefs, sus TLCs y sus megaconciertos musicales, tiene un 24% de desnutrición infantil. Es decir, más de 700 mil niños sufren ese problema, según cifras de la ONG Save the Children. ¡700 mil!. Y lo más grave ocurre en el sector rural. Si tú pertenecieras a una familia de una zona rural, tu hijo o hija al nacer tendría un 40% de posibilidades de sufrir desnutrición crónica. ¿Y si naciera en la ciudad? Pues las posibilidades se reducen a 14%, según las cifras del MIDIS. Una diferencia desigual e indignante, y otra muestra de cómo trata el Estado a la población rural. Gobiernos y autoridades de turno han discriminado durante décadas a sus propios compatriotas, principalmente quechuahablantes. Claro, el Ministerio de Economía elabora sus propias cifras sobre desnutrición crónica, y –cómo no es de extrañar- las cifras son menores. Afirman que un niño nacido en el 2011, tiene solo el 9% de posibilidades de sufrir desnutrición crónica y que la cifra está bajando.

Cifras más o cifras menos, lo cierto es que para varias instituciones internacionales que analizan el tema de la desnutrición, el Perú no se diferencia de otros países donde ocurre lo mismo, como Nigeria, Bangladesh, y Pakistán. Coincidentemente estos países también han tenido un crecimiento, si nos fijamos solo en las cifras macroeconómicas. Sin embargo, la riqueza también está siendo mal distribuida en dichos países y sus tasas de desnutrición infantil siguen siendo muy altas. Y es alarmante porque un niño desnutrido sufre efectos irreversibles en el desarrollo de su cerebro y obviamente en su intelecto.

Más allá de analizar los limitados programas de asistencia social y de entrega de alimentos a familias pobres, en el aire flotan varias preguntas: ¿Está funcionando la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015 que se creó hace 8 años? ¿O se ha convertido en un simple saludo a la bandera y un documento que se está empolvando en los cajones de algún escritorio gubernamental?

Sin presupuesto, sin recursos humanos y sin voluntad política, una estrategia nacional no podrá funcionar ni ser bien aplicada. Si aún tenemos una alta tasa de desnutrición crónica infantil, eso es una evidencia de que los programas sociales y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (que se inició en el 2004), están perdiendo la batalla contra la desnutrición y el hambre en el país. No han conseguido un impacto trascendente en los índices nutricionales.

El concepto más conocido de seguridad alimentaria es sencillo: que las personas tengan acceso seguro -y en todo momento- a alimentos suficientes que les permitan obtener una vida saludable. En el Perú no existe eso para todos. Creo que debemos empezar a entender que la inseguridad alimentaria es una amenaza latente para las familias de las zonas rurales y que se puede extender al resto del país. ¿O acaso queremos que la desnutrición también forme parte del atractivo de Marca Perú?

Columna publicada en SPACIO LIBRE

Bill Gates tiene razón

El Perú ya no necesita más memoria RAM ni “repotenciación”. ¿Así verá Bill Gates al Perú? ¿El magnate ve a nuestro país como otra aplicación o ventana más? El segundo hombre más rico del planeta, con una fortuna valuada en 56 mil millones de dólares, ha recomendado que países europeos como España deben destinar su ayuda solo a los países más pobres y no a los que tengan ingresos medios como el Perú. ¿Será realmente cierto que ya no necesitamos ayuda porque ya no somos tan pobres? 

Bill Gates tiene razón. Pongamos que sí. Que ya no debemos recibir apoyo económico para aliviar la pobreza en nuestro país. Por ejemplo todos aquellos programas sociales que se implementaron para enfrentar la desnutrición infantil –que aún persiste- ahora ya no deben ser financiados por la ayuda internacional. Entonces el gobierno central por fin asumirá sus responsabilidades y tendrá que buscar la mejor manera para continuar sustentado esos programas tan necesarios. ¿Por qué no a través de más impuestos a la población más rica del país? El que gana más que pague más. ¿No que ahora somos más ricos?

Bill Gates tiene razón. Europa ya no debe apoyar al sector rural peruano. No debe invertir para responder a los problemas de cambio climático y de inseguridad alimentaria que enfrentan los agricultores de Huancavelica, la región más pobre del Perú. Si ya no somos un país pobre, entonces que el gobierno nacional y regional asuman económicamente la labor de brindar capacitaciones y mejorar la infraestructura rural en esa y otras regiones. ¿Que el gobierno no tiene dinero? ¿No que ahora podemos ser tan ricos como un país europeo? Bueno entonces aumentemos los impuestos a todas las empresas mineras que operan en el país. ¿Siguen sin dinero? Entonces que el gobierno reduzca el presupuesto que reciben las Fuerzas Armadas y que lo destine a acciones de verdadero desarrollo. 

Lo que Bill Gates desconoce es que medio millón de niños peruanos menores de cinco años están desnutridos. Justo el mismo día que se conocieron sus declaraciones, se difundió en Perú el estudio “Desnutrición crónica infantil cero en el 2016, una meta alcanzable”, que retrata la dramática y escandalosa situación de los niños que viven en extrema pobreza. Por ejemplo en Huancavelica, el 54.6% de los niños menores de cinco años están desnutridos. ¡Más de la mitad! Y un escenario similar viven otras regiones del Perú. Y no estamos hablando de casos aislados. Aún existe pobreza generalizada y estructural. 

Y entonces ¿seguimos siendo pobres o no? Muchos equivocadamente piensan que ya no somos pobres porque ahora hay más conciertos de rock y gigantescos malls en las principales ciudades. Viven en una burbuja. En un falso concepto de éxito y desarrollo. Entonces el debate centrarse en definir cómo debe medirse la pobreza y la riqueza en el Perú. Reevaluemos los indicadores económicos. No midamos el “éxito” solo a través de las consabidas cifras promedio del PBI. Debemos entender que la calidad de vida no se mide solo por el sueldo que ganamos o el ingreso nacional, sino que existen otros factores determinantes para medir el desarrollo de un país, como el acceso a buena educación y servicios de salud, la reducción de la mortalidad o simplemente tener las oportunidades para ser o hacer algo. El famoso concepto de capacidad de Amartya Sen. 

Eso tampoco significa que el Perú debe quedar siempre como el “Programa Juntos” de Europa. Por ello la cooperación internacional no debe utilizarse como asistencialismo sino bajo un enfoque de verdadero desarrollo. ¿Cómo desinstalar la pobreza? ¿Cómo actualizar nuestro software de desarrollo? Las declaraciones de Bill Gates demuestran una mirada limitada sobre la realidad peruana. Basado solo en cifras macroeconómicas. La actualización sobre la realidad de Perú no está instalada correctamente en su disco duro. Usted debe desfragmentar y reiniciar el sistema.

(Columna publicada para SPACIO LIBRE)

Consulta Previa: "No hay reglamento si no hay modificatoria de la Ley"

Las organizaciones indígenas se han pronunciado: "No hay reglamento si no hay modificatoria de la ley". El Pacto de Unidad que está integrado por las principales organizaciones indígenas (Aidesep, Conacami, CNA y Onamiap) planteó al Congreso la modificatoria de la Ley de Consulta Previa. 

Como se recuerda esta norma fue aprobada el 7 de setiembre del 2011 por el presidente Ollanta Humala. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA, señaló que en las reuniones de los talleres macroregionales, seis en total, no contaron con las facilidades logísticas, lo que originó el malestar de los participantes. 

"Nos hemos sentidos discriminados, pero creemos que fue por falta de experiencia de los funcionarios del Indepa", dijo. En otro momento de la entrevista, Antolín Huáscar precisó que los artículos en cuestión son el número 7 y el 15, así como la segunda disposición complementaria de la Ley de Consulta Previa porque atentan contra lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

"Las organizaciones indígenas no cuestionan la validez de la norma, sino que están observando algunos artículos para que se modifiquen y de esta manera se tenga una Ley de Consulta que cuente con el respaldo de los pueblos indígenas", indicó el dirigente de la CNA. Sobre el artículo 15, dijo que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa le corresponde al gobierno, entonces "para qué se hace una Ley de Consulta si el gobierno tiene que decidir y no aceptará la autodeterminación del pueblo", se pregunta el dirigente. 

Las organizaciones acordaron otorgar al Gobierno un plazo de 30 días para que se elabore un texto sustitutorio de la Ley de Consulta. En caso contrario procederán a recoger firmas para solicitar la inconstitucionalidad de la norma.

CONSULTA PREVIA: Con aval o no de indígenas, aprobarían Reglamento de Ley

La decisión estaría tomada. Las autoridades del Gobierno central que participaron con las organizaciones indígenas en los talleres macroregionales, aprobarían sí o sí el Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Así lo advierte el abogado Pedro Castillo, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), especializado en el tema de la Consulta. 

Afirma que desde un inicio las reuniones para la elaboración del reglamento fueron calificadas por los funcionarios del viceministerio de interculturalidad como solamente informativas y no de consulta. Pero ¿por qué están cuestionando el Reglamento de la Ley de Consulta? 

Pedro Castillo señala que la Ley de Consulta, aprobada por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, no recoge los principios básicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Las objeciones a la Ley de Consulta y su Reglamento están dirigidas a los artículos relacionados a sujetos de consulta, decisión, y revisión de concesiones anteriores. 

En el caso de sujetos de consulta, no está claro que las comunidades campesinas y nativas serán consideradas como pueblos indígenas. "Debe precisarse mejor esté artículo. Las comunidades han cambiado en el tiempo, han regulado su comportamiento pero siguen manteniendo su identidad. El artículo 7 desaparece a las comunidades campesinas", advirtió Pedro Castillo. En otro momento de la entrevista Castillo manifestó que los talleres macroregionales no fueron ordenados y no se contó con la logística necesaria.

Cinco razones para postergar el reglamento de la Ley de Consulta

UNO. El proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Consulta ha sido apresurado, en un ambiente raro, desnudando la falta de experiencia de los funcionarios que organizaron los talleres macroregionales donde se discutió el borrador del reglamento. Los talleres tuvieron serios problemas logísticos que causaron la incomodidad de las delegaciones indígenas. Desde las precarias condiciones de hospedaje hasta la ineficiente metodología de trabajo para realizar los talleres. No hubo una discusión profunda sobre el reglamento. Todo esto llevó a que varias organizaciones indígenas empezaran a dudar de la buena fe del Estado. A dudar si verdaderamente le importa la opinión del pueblo indígena. 

DOS. El proceso de elaboración no fue horizontal. Muchos han descrito las reuniones como verticales, fomentando una recepción pasiva de los delegados. Además, los talleres se realizaron no para consultar a los pueblos indígenas sino solamente para informar. Desde un inicio esa fue la confusión o ambigüedad en torno a los talleres macroregionales. Varios funcionarios informaron que los talleres solamente eran informativos o de simple evaluación. Y claro, no vinculante. Es decir, las delegaciones indígenas podían opinar y proponer sin que eso garantice que se les haga caso. Con voz pero sin voto. 

TRES. Ha faltado información y publicidad sobre el borrador del reglamento. No se han realizado campañas de difusión masiva dirigida a los pueblos indígenas para explicar las implicancias del reglamento. Ni la población ni los dirigentes han escuchado sobre el tema en la radio o en la televisión. Ni qué decir de los periódicos. Es un reglamento que solo se ha discutido a nivel de élite. Y para colmo los afiches elaborados por el ministerio de Cultura han infantilizado la imagen de los indígenas, utilizando caricaturas, tal como vemos en la imagen izquierda que complementa esta columna, provocando una nueva incomodidad a las delegaciones. Como si el Estado quisiera negar o invisibilizar la imagen derecha, la de la protesta. Cabe preguntarse: ¿Cuál es la imagen que tienen los funcionarios del Estado de los heterogéneos pueblos indígenas? ¿Cuáles son los prejuicios que existen en ambas partes detrás del diálogo intercultural? 

CUATRO: La Ley tiene varias carencias. Según expertos y dirigentes indígenas, la ley no responde a los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, tal como el Convenio 169 de la OIT. Por ello algunas organizaciones proponen que se posponga la aprobación del reglamento y que primero se modifique varios artículos fundamentales y estratégicos de la Ley de Consulta. ¿Cómo aprobar un reglamento si antes no se ha terminado de corregir la ley?, se preguntan los líderes indígenas. Uno de los temas que piden modificar es el tema del consentimiento. ¿Los pueblos indígenas deben tener derecho a veto o no? Esa es la pregunta del millón. Es un pedido que –en medio de la actual coyuntura- el gobierno de Humala difícilmente aceptará. 

CINCO. Si a pesar de estos problemas, el gobierno insiste en aprobar el reglamento de la Ley de Consulta, esto significaría hacerlo sin el aval de varias importantes organizaciones indígenas como Aidesep, CNA, Conacami, y otras. Esta decisión arbitraria iría en contra precisamente del espíritu de la ley: el de realizar un diálogo de buena fe, donde las decisiones no se impongan a la mala y desafiando la opinión de las poblaciones involucradas. Para el país no es conveniente aprobar un reglamento ilegitimo y que ha sido construido a partir de un diálogo poco horizontal y con distorsiones. Apresurar su aprobación significaría provocar nuevamente la movilización social de los indígenas, y sumir al Perú en un nuevo conflicto social.

Columna publicada para SPACIO LIBRE

Límites a la propiedad de la tierra - Entrevista al congresista José León Rivera

El congresista José León Rivera, presidente de la Comisión Agraria del Congreso declaró que la alta concentración de tierras está provocando serios efectos negativos en el país, que ya se perciben en la zona norte y que se debe al poder económico que ostentan los dueños de las tierras, "los nuevos gamonales del norte". 

Criticó el crecimiento desequilibrado que está teniendo el Perú. "Las personas pobres no están recibiendo los beneficios de la modernidad en la agricultura. "Cuando el Estado no cumple en su rol de regulador y solo realiza promoción, entonces el crecimiento es desigual e injusto. Están naciendo nuevas zonas exclusivamente pobres en el entorno de las empresas cañeras. Es por eso necesario ponerle un límite a la propiedad de la tierra".

"Por ejemplo, se hace un proyecto de irrigación como Olmos, que ha demorado 90 años para construirse, y el 60 por ciento de las tierras va a una sola persona, que hoy en día es un terrateniente en el norte. Este desequilibrio podría traer muchas consecuencias".

León también afirmó que su proyecto de ley para limitar la propiedad de la tierra no tiene nombre propio, en este caso el del Grupo Gloria. "Más bien yo quisiera que hubieran muchas más empresas Glorias, pero no con 80 mil hectáreas. Quisiera que existan más con solo 10 mil hectáreas, continuando sus prácticas agrícolas pero mejorando su responsabilidad social".

Irregularidades en la subasta de tierras del proyecto Olmos

El congresista León también se refirió a este caso. Las bases de la subasta de tierras de Olmos establecían que un postor solo podía comprar lotes en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Sin embargo esa regla fue vulnerada porque el Grupo Gloria a través de una empresa vinculada al grupo, COAZUCAR (Corporación Azucarera del Perú), y compró lotes en más de un sector, bajo la pasiva mirada del gobierno regional de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos.

"Está claramente demostrado que ha comprado en dos sectores diferentes. Eso es contra la norma, contra la base. Esto habla de que con ellos no se mete la justicia ni la autoridad regional porque tienen poder económico", advierte de manera categórica. "Ahora ellos van a tener que observarlo. Pero el hecho ya se produjo. Se impuso un poder económico que dijo yo doy tanto, y el Estado --representado por el gobierno regional- le aceptó".

"Esto nos demuestra cómo funcionan las cosas cuando el poder económico está por encima de cualquier norma o autoridad. El poder económico de alta concentración de tierras está como el mejor ejemplo de lo que va a seguir pasando en el Perú. Si mañana un empresario del agro quiere comprarse todo Tacna o Moquegua puede hacerlo. Y sigue así porque no hay límite ahora", advierte el presidente de la comisión agraria del Congreso.

Los desastres “naturales” también son Marca Perú

Cada vez la misma cantaleta. Todos los años vemos las mismas imágenes y se escriben los mismos artículos. Si publicáramos hoy una columna escrita el año pasado y la hiciéramos pasar como actual, nadie se daría cuenta. Las inundaciones, el desborde de los ríos y los huaycos ya forman parte de nuestra idiosincrasia. Casi un “atractivo” más de un folleto turístico. A ese paso, los desastres también están ganándose el derecho de formar parte de nuestra Marca Perú. 

¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón seguimos enfrentando todos los años este mismo problema? La respuesta no es difícil. La Cultura de Prevención no ha terminado de institucionalizarse en nuestro país. Ni en nuestras costumbres ni en nuestros planes de gobierno. A pesar que el Perú es un país altamente vulnerable. Y esa es una gran deuda que tenemos todos los peruanos hacia nosotros mismos. 

Debido a la falta de una Cultura de Prevención, ni los municipios ni las autoridades del gobierno nacional contemplan como prioridad realizar medidas básicas para prevenir los desastres. No lo han internalizado. Los funcionarios prefieren dar prioridad a otros temas, aún así sepan que los desastres ocurran tarde o temprano. Porque lo harán. Con la puntualidad de un reloj inglés. Salvo que el desastre afecte a Machu Picchu u otro lugar “importante”, la ayuda a muchos pueblos remotos podría tardar días. Las imágenes de las viviendas inundadas es tan típica todos los años que ya parece un logo. Casi es parte de nuestra identidad. De nuestra Marca Perú. 

En lugar de Cultura de Prevención, en nuestro país impera la Cultura del Ultimón. El que hace las cosas a última hora. Muchos desatinados alcaldes o presidentes regionales pretenden construir las defensas ribereñas recién en enero o febrero, cuando las lluvias ya se han convertido en torrenciales. Son Ultimones. Y cuando ocurre lo peor, la culpa se la echan a otros: “los desastres naturales se deben a la inclemencia de la naturaleza”, o “el Senamhi falló en su pronóstico”. Los periodistas también echan leña al fuego porque en todos los reportes utilizan estas dos palabras: “desastres naturales”.

Pero un momentito. Desmitifiquemos eso de una vez por todas. Los desastres “naturales” no existen. Nos hemos mal acostumbrado a llamarlos “naturales” cuando es todo lo contrario. Una cosa son los fenómenos naturales y otra muy diferente los desastres. Este último solo ocurre cuando previamente existe una vulnerabilidad. Y casi siempre esta vulnerabilidad se debe a la actividad humana. 

Por ejemplo, nosotros somos culpables de la deforestación. La presencia de bosques es una de las medidas más efectivas para frenar el desborde de los ríos, sin embargo deforestamos y provocamos nuestra propia vulnerabilidad. Sin bosques las inundaciones llegan a niveles catastróficos. 

Así que dejemos de culpar a la naturaleza y de negar nuestra propia responsabilidad. No pretendamos invisibilizar nuestra culpa y comprendamos que los desastres no son “naturales”. Son desastres sociales o humanos, provocado por nosotros. Empezar a cambiar la manera en que calificamos a los desastres sería un primer paso. Uno bien importante. 

Abracemos de una vez la Cultura de Prevención. Abordarla de manera integral. Desde las familias, los colegios, las universidades, los municipios y las organizaciones sociales. Aprendamos a gestionar el riesgo. Asumir que somos un país sísmico. Un país con lluvias y sequías. Que recibe la constante visita de El Niño y también de su hermana La Niña. Cuando se presente un nuevo fenómeno natural que no nos agarre con los pantalones o las faldas abajo. No lamentemos millonarias pérdidas económicas o lo que es peor, la muerte de algún compatriota por un desastre social que muy bien pudo ser prevenido.

Artículo publicado para SPACIO LIBRE

Irregularidad en la subasta de tierras del Proyecto Olmos

Una seria irregularidad se ha detectado en la reciente subasta de tierras del Proyecto de irrigación Olmos. Un nuevo intento de acaparamiento de tierras que involucra a un poderoso grupo económico -- el Grupo Gloria - pero esta vez infringiendo de manera evidente las reglas mismas de la subasta y poniendo dudas sobre su transparencia. Todo ello bajo la pasiva mirada del gobierno regional de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos. 

Cuando el pasado 09 de diciembre se realizó la largamente esperada subasta de tierras de Olmos, las bases que estaban vigentes establecían que una de las condiciones era que un postor solo podía comprar lotes en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Era una regla coherente que se establecía para impedir que un solo inversionista o un solo grupo económico pueda acaparar todas las tierras del proyecto Olmos.

Sin embargo ese día una de las condiciones de la subasta fue vulnerada. El abogado Jaime Escobedo, coordinador del Observatorio de Tierras e investigador del CEPES, revela que el Grupo Gloria a través de una empresa vinculada al grupo, COAZUCAR (Corporación Azucarera del Perú) compró lotes en más de un sector.

En la reciente subasta de tierras, 10 empresas fueron las ganadoras de las 19 mil 900 hectáreas de la Primera Subasta de tierras de Olmos por un valor total de 102 millones de dólares. COAZUCAR se adjudicó 11 mil 100 hectáreas en el sector A; Gloria S.A. se adjudicó cuatro mil 500 hectáreas en el sector B, mientras que las 8 empresas restantes se repartieron las otras 4 mil 300 hectáreas. Es decir el Grupo Gloria se adjudicó 15 mil 600 hectáreas en dos sectores diferentes, a pesar que las reglas claramente lo impedían.

Legalmente se tratan de personas jurídicas distintas, sin embargo el abogado Jaime Escobedo afirma que "en los hechos ambas forman parte del mismo grupo económico. Bajo esta figura de dos personas jurídicas lo que se ha hecho es vulnerar las condiciones de subasta."

"La razón de ser de esta regla de la subasta era impedir que un grupo económico acapare o concentre las 38 mil hectáreas. Pero si a la vez se permite la participación de personas jurídicas vinculadas, entonces ¿Qué sentido tiene poner esta regla? Si un postor puede crear diferentes personas jurídicas para acaparar lotes en un sector, entonces ¿por qué poner esta regla, si va a ser tan fácil sortearla?" se pregunta el abogado Jaime Escobedo. "Existe una abierta contradicción. Lo que se ha hecho es tergiversar una regla de la subasta en beneficio propio", afirma.

Sin duda, gran parte de la responsabilidad recae en el Comité de la Subasta de Tierras de Olmos. Para Escobedo caben dos interpretaciones. "O se hicieron de la vista gorda a pesar de saber que el Grupo Gloria estaba impedido de comprar lotes en más de un sector. O simplemente demuestra una incapacidad de saber la razón de ser de ciertas reglas. En cualquier caso, la comisión de subasta de Olmos ha actuado con gran negligencia porque no debieron permitir que, a través de sus empresas vinculadas, el Grupo Gloria participe en la subasta en más de un sector", explica el coordinador del Observatorio de Tierras. 

Esta irregularidad detectada en el proyecto Olmos se explica analizando la actual coyuntura del país donde se está denunciando desde diversos sectores un alto nivel de concentración de tierras. "Este acaparamiento se explica no solo bajo criterios económicos o productivos, sino que también tiene un componente de poder. Quien tiene más tierras está en mejor posición de imponerse. Lo que ha pasado es que el Grupo Gloria se sentía seguro de podían comprar tierras en más de un sector y que nadie iba a reclamar", expresa Escobedo.

El gobierno regional de Lambayeque también tiene responsabilidad en explicar porqué ocurrió esta irregularidad en la subasta de tierras de Olmos "¿Qué respuesta le da el gobierno regional de Lambayeque a su propia sociedad, cuando una condición tan abierta para impedir que un grupo económico acapare todo el proyecto Olmos, es transgredida tan fácilmente? Simplemente se escriben las reglas de un modo tal que una empresa puede burlarlas de manera tan fácil", critica el abogado Jaime Escobedo.

El manifestante del Time versus el manifestante de “La Marcha del Agua”

Detesto la hipocresía, la doble moral, el doble rasero. Y no es difícil encontrar ejemplos de cómo juzgamos de diferente manera – a veces hasta contradictoria- a hechos o situaciones que poseen una concepción similar. A situaciones tan parecidas como dos gotas de agua. Sin embargo a una la alabamos y otra le damos con palo. 

Muchos aplaudieron y elogiaron a la revista estadounidense Time, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, cuando designó como personaje del año 2011 a “The Protester”, es decir a aquellos que realizaron contundentes manifestaciones en diversas partes del mundo. “Desde la primavera árabe hasta Atenas, desde Occupy Wall Street hasta Moscú”. Durante aquellas publicitadas manifestaciones que se realizaron a lo largo del 2011, las redes sociales, los blogs y las conversaciones cotidianas celebraban la actitud de aquellos manifestantes, conocidos también como los “indignados”, que salían a derrocar dictadores, a protestar contra mezquinas corporaciones mundiales o simplemente a tratar de buscar un mundo mejor. 

Entonces ¿cuál es la diferencia entre aquel manifestante que reconoció la revista Time con aquel manifestante peruano que también protesta de igual manera en la Marcha Nacional del Agua? Absolutamente nada. ¿Por qué en una determinada situación muchos limeños se solidarizan con el manifestante europeo, árabe o norteamericano, pero en un suceso local muy similar, hacen totalmente lo contrario y hasta se desgañitan en criticar y condenar esta masiva expresión de protesta? ¿Qué pasa? ¿Es porque son del interior del país? ¿Será porque son manifestantes serranos y selváticos que no son tan “cool” como sus pares europeos? ¿Es que unirse a las protestas europeas es más bacán si lo haces desde tu computadora a través del Facebook, pero cuando llegan a la puerta de tu casa, a tu ciudad, te sientes invadido? ¿Se deberá al temor que inconscientemente percibes de que una Marcha como esta pueda afectar verdaderamente tus intereses económicos? 

Una de las razones que esgrimen para criticar a la Marcha Nacional del Agua, que hará su entrada en Lima el próximo jueves 9 de febrero, es que la protesta que se realiza en Perú es política. Disculpen. ¿Qué protesta en el mundo no es política? Es obvio que una manifestación de esta intensidad es la canalización de las críticas que muchas peruanas y peruanos tienen hacia la forma en la que el actual gobierno está tratando el tema del agua. A criticar que se pretenda realizar actividades extractivas en las cabeceras de cuenca y glaciares, causando graves impactos en el uso del agua. A pedir la prohibición del uso de cianuro y mercurio, que son tóxicos y envenenan los ríos. 

Deslizar la idea de que una marcha como esta tiene subalternos propósitos partidarios, porque Marco Arana y otros conocidos dirigentes se encuentran como algunos de los organizadores, es subestimar e infantilizar al resto de manifestantes. ¿Acaso son muñecos o títeres que son manipulados como niños para participar en la protesta? ¿No pueden comprender, o no cabe en sus cabezas que las organizaciones sociales no partidarias, o incluso los ciudadanos de a pie pueden tener su propia agenda política? Una incluso muy diferente a la de los movimientos políticos involucrados. Es probable que estos partidos tengan su propia agenda. Pero serán las propias organizaciones las que tomarán las respectivas decisiones en su momento. Eso no desmerece los reales y urgentes motivos de la misma protesta. 

Esta marcha se presenta como pacífica. Esperemos que no haya provocaciones de ningún lado, para no lamentar acciones de violencia que nos recuerden a las represiones gubernamentales alanistas. Y también es una marcha política. Así como lo fueron las manifestaciones de los “indignados” europeos, árabes y norteamericanos, durante el 2011. ¿Los “indignados” peruanos podrán ser profetas en su tierra y recibir el apoyo de sus paisanos de las grandes ciudades?

Artículo escrito para SPACIO LIBRE

El avance de la agricultura no depende de la concentración de tierras

¿Cómo avanza el debate sobre el límite a la concentración de tierras en el país? Hace unos días entrevisté al congresista de la república Tomás Zamudio, de la bancada de Gana Perú. Ante algunas voces que advertían que una ley sobre este tema atentaría contra la Constitución, el congresista afirmó que el proyecto de ley para limitar la extensión de la propiedad de la tierra no es inconstitucional. 

"El artículo 88 de la Constitución señala que los límites de la propiedad rural serán establecidos por la ley expresa. Entonces no cabe la discusión. La dación de una norma que limita la propiedad es total y plenamente constitucional", nos dijo en la entrevista. 

Pero también han surgido fuertes críticas de sectores empresariales. El congresista Zamudio calificó esta actitud como "monopólica, como un retorno al latifundio. El avance de la agricultura no depende de la gran concentración en uno o dos propietarios. Depende del avance tecnológico, al apoyo crediticio, a las cadenas productivas y principalmente a dar oportunidad a los pequeños y medianos agricultores del país". 

¿Cual será la cifra límite para la propiedad de la tierra? Ante esta pregunta Zamudio consideró que es un exceso cuando se señala la cifra de 25 mil hectáreas como límite en la región costa, porque "las realidades son totalmente distintas en norte, centro y sur. Tiene que ser una propuesta técnica, coherente y que vaya de acuerdo a la realidad nacional". El debate en el Congreso recién empieza.