28 febrero, 2012

Consulta Previa: "No hay reglamento si no hay modificatoria de la Ley"


Las organizaciones indígenas se han pronunciado: "No hay reglamento si no hay modificatoria de la ley". El Pacto de Unidad que está integrado por las principales organizaciones indígenas (Aidesep, Conacami, CNA y Onamiap) planteó al Congreso la modificatoria de la Ley de Consulta Previa. 

Como se recuerda esta norma fue aprobada el 7 de setiembre del 2011 por el presidente Ollanta Humala. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, CNA, señaló que en las reuniones de los talleres macroregionales, seis en total, no contaron con las facilidades logísticas, lo que originó el malestar de los participantes. 

"Nos hemos sentidos discriminados, pero creemos que fue por falta de experiencia de los funcionarios del Indepa", dijo. En otro momento de la entrevista, Antolín Huáscar precisó que los artículos en cuestión son el número 7 y el 15, así como la segunda disposición complementaria de la Ley de Consulta Previa porque atentan contra lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

"Las organizaciones indígenas no cuestionan la validez de la norma, sino que están observando algunos artículos para que se modifiquen y de esta manera se tenga una Ley de Consulta que cuente con el respaldo de los pueblos indígenas", indicó el dirigente de la CNA. Sobre el artículo 15, dijo que la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa le corresponde al gobierno, entonces "para qué se hace una Ley de Consulta si el gobierno tiene que decidir y no aceptará la autodeterminación del pueblo", se pregunta el dirigente. 

Las organizaciones acordaron otorgar al Gobierno un plazo de 30 días para que se elabore un texto sustitutorio de la Ley de Consulta. En caso contrario procederán a recoger firmas para solicitar la inconstitucionalidad de la norma.


27 febrero, 2012

CONSULTA PREVIA: Con aval o no de indígenas, aprobarían Reglamento de Ley



La decisión estaría tomada. Las autoridades del Gobierno central que participaron con las organizaciones indígenas en los talleres macroregionales, aprobarían sí o sí el Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Así lo advierte el abogado Pedro Castillo, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), especializado en el tema de la Consulta. 

Afirma que desde un inicio las reuniones para la elaboración del reglamento fueron calificadas por los funcionarios del viceministerio de interculturalidad como solamente informativas y no de consulta. Pero ¿por qué están cuestionando el Reglamento de la Ley de Consulta? 

Pedro Castillo señala que la Ley de Consulta, aprobada por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, no recoge los principios básicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Las objeciones a la Ley de Consulta y su Reglamento están dirigidas a los artículos relacionados a sujetos de consulta, decisión, y revisión de concesiones anteriores. 

En el caso de sujetos de consulta, no está claro que las comunidades campesinas y nativas serán consideradas como pueblos indígenas. "Debe precisarse mejor esté artículo. Las comunidades han cambiado en el tiempo, han regulado su comportamiento pero siguen manteniendo su identidad. El artículo 7 desaparece a las comunidades campesinas", advirtió Pedro Castillo. En otro momento de la entrevista Castillo manifestó que los talleres macroregionales no fueron ordenados y no se contó con la logística necesaria.


24 febrero, 2012

Cinco razones para postergar el reglamento de la Ley de Consulta


UNO. El proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Consulta ha sido apresurado, en un ambiente raro, desnudando la falta de experiencia de los funcionarios que organizaron los talleres macroregionales donde se discutió el borrador del reglamento. Los talleres tuvieron serios problemas logísticos que causaron la incomodidad de las delegaciones indígenas. Desde las precarias condiciones de hospedaje hasta la ineficiente metodología de trabajo para realizar los talleres. No hubo una discusión profunda sobre el reglamento. Todo esto llevó a que varias organizaciones indígenas empezaran a dudar de la buena fe del Estado. A dudar si verdaderamente le importa la opinión del pueblo indígena. 

DOS. El proceso de elaboración no fue horizontal. Muchos han descrito las reuniones como verticales, fomentando una recepción pasiva de los delegados. Además, los talleres se realizaron no para consultar a los pueblos indígenas sino solamente para informar. Desde un inicio esa fue la confusión o ambigüedad en torno a los talleres macroregionales. Varios funcionarios informaron que los talleres solamente eran informativos o de simple evaluación. Y claro, no vinculante. Es decir, las delegaciones indígenas podían opinar y proponer sin que eso garantice que se les haga caso. Con voz pero sin voto. 

TRES. Ha faltado información y publicidad sobre el borrador del reglamento. No se han realizado campañas de difusión masiva dirigida a los pueblos indígenas para explicar las implicancias del reglamento. Ni la población ni los dirigentes han escuchado sobre el tema en la radio o en la televisión. Ni qué decir de los periódicos. Es un reglamento que solo se ha discutido a nivel de élite. Y para colmo los afiches elaborados por el ministerio de Cultura han infantilizado la imagen de los indígenas, utilizando caricaturas, tal como vemos en la imagen izquierda que complementa esta columna, provocando una nueva incomodidad a las delegaciones. Como si el Estado quisiera negar o invisibilizar la imagen derecha, la de la protesta. Cabe preguntarse: ¿Cuál es la imagen que tienen los funcionarios del Estado de los heterogéneos pueblos indígenas? ¿Cuáles son los prejuicios que existen en ambas partes detrás del diálogo intercultural? 

CUATRO: La Ley tiene varias carencias. Según expertos y dirigentes indígenas, la ley no responde a los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, tal como el Convenio 169 de la OIT. Por ello algunas organizaciones proponen que se posponga la aprobación del reglamento y que primero se modifique varios artículos fundamentales y estratégicos de la Ley de Consulta. ¿Cómo aprobar un reglamento si antes no se ha terminado de corregir la ley?, se preguntan los líderes indígenas. Uno de los temas que piden modificar es el tema del consentimiento. ¿Los pueblos indígenas deben tener derecho a veto o no? Esa es la pregunta del millón. Es un pedido que –en medio de la actual coyuntura- el gobierno de Humala difícilmente aceptará. 

CINCO. Si a pesar de estos problemas, el gobierno insiste en aprobar el reglamento de la Ley de Consulta, esto significaría hacerlo sin el aval de varias importantes organizaciones indígenas como Aidesep, CNA, Conacami, y otras. Esta decisión arbitraria iría en contra precisamente del espíritu de la ley: el de realizar un diálogo de buena fe, donde las decisiones no se impongan a la mala y desafiando la opinión de las poblaciones involucradas. Para el país no es conveniente aprobar un reglamento ilegitimo y que ha sido construido a partir de un diálogo poco horizontal y con distorsiones. Apresurar su aprobación significaría provocar nuevamente la movilización social de los indígenas, y sumir al Perú en un nuevo conflicto social.

21 febrero, 2012

Límites a la propiedad de la tierra - Entrevista al congresista José León Rivera



El congresista José León Rivera, presidente de la Comisión Agraria del Congreso declaró que la alta concentración de tierras está provocando serios efectos negativos en el país, que ya se perciben en la zona norte y que se debe al poder económico que ostentan los dueños de las tierras, "los nuevos gamonales del norte". 

Criticó el crecimiento desequilibrado que está teniendo el Perú. "Las personas pobres no están recibiendo los beneficios de la modernidad en la agricultura. "Cuando el Estado no cumple en su rol de regulador y solo realiza promoción, entonces el crecimiento es desigual e injusto. Están naciendo nuevas zonas exclusivamente pobres en el entorno de las empresas cañeras. Es por eso necesario ponerle un límite a la propiedad de la tierra".

"Por ejemplo, se hace un proyecto de irrigación como Olmos, que ha demorado 90 años para construirse, y el 60 por ciento de las tierras va a una sola persona, que hoy en día es un terrateniente en el norte. Este desequilibrio podría traer muchas consecuencias".

León también afirmó que su proyecto de ley para limitar la propiedad de la tierra no tiene nombre propio, en este caso el del Grupo Gloria. "Más bien yo quisiera que hubieran muchas más empresas Glorias, pero no con 80 mil hectáreas. Quisiera que existan más con solo 10 mil hectáreas, continuando sus prácticas agrícolas pero mejorando su responsabilidad social".

Irregularidades en la subasta de tierras del proyecto Olmos

El congresista León también se refirió a este caso. Las bases de la subasta de tierras de Olmos establecían que un postor solo podía comprar lotes en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Sin embargo esa regla fue vulnerada porque el Grupo Gloria a través de una empresa vinculada al grupo, COAZUCAR (Corporación Azucarera del Perú), y compró lotes en más de un sector, bajo la pasiva mirada del gobierno regional de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos.

"Está claramente demostrado que ha comprado en dos sectores diferentes. Eso es contra la norma, contra la base. Esto habla de que con ellos no se mete la justicia ni la autoridad regional porque tienen poder económico", advierte de manera categórica. "Ahora ellos van a tener que observarlo. Pero el hecho ya se produjo. Se impuso un poder económico que dijo yo doy tanto, y el Estado --representado por el gobierno regional- le aceptó".

"Esto nos demuestra cómo funcionan las cosas cuando el poder económico está por encima de cualquier norma o autoridad. El poder económico de alta concentración de tierras está como el mejor ejemplo de lo que va a seguir pasando en el Perú. Si mañana un empresario del agro quiere comprarse todo Tacna o Moquegua puede hacerlo. Y sigue así porque no hay límite ahora", advierte el presidente de la comisión agraria del Congreso.



16 febrero, 2012

Los desastres “naturales” también son Marca Perú



Cada vez la misma cantaleta. Todos los años vemos las mismas imágenes y se escriben los mismos artículos. Si publicáramos hoy una columna escrita el año pasado y la hiciéramos pasar como actual, nadie se daría cuenta. Las inundaciones, el desborde de los ríos y los huaycos ya forman parte de nuestra idiosincrasia. Casi un “atractivo” más de un folleto turístico. A ese paso, los desastres también están ganándose el derecho de formar parte de nuestra Marca Perú. 

¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué razón seguimos enfrentando todos los años este mismo problema? La respuesta no es difícil. La Cultura de Prevención no ha terminado de institucionalizarse en nuestro país. Ni en nuestras costumbres ni en nuestros planes de gobierno. A pesar que el Perú es un país altamente vulnerable. Y esa es una gran deuda que tenemos todos los peruanos hacia nosotros mismos. 

Debido a la falta de una Cultura de Prevención, ni los municipios ni las autoridades del gobierno nacional contemplan como prioridad realizar medidas básicas para prevenir los desastres. No lo han internalizado. Los funcionarios prefieren dar prioridad a otros temas, aún así sepan que los desastres ocurran tarde o temprano. Porque lo harán. Con la puntualidad de un reloj inglés. Salvo que el desastre afecte a Machu Picchu u otro lugar “importante”, la ayuda a muchos pueblos remotos podría tardar días. Las imágenes de las viviendas inundadas es tan típica todos los años que ya parece un logo. Casi es parte de nuestra identidad. De nuestra Marca Perú. 

En lugar de Cultura de Prevención, en nuestro país impera la Cultura del Ultimón. El que hace las cosas a última hora. Muchos desatinados alcaldes o presidentes regionales pretenden construir las defensas ribereñas recién en enero o febrero, cuando las lluvias ya se han convertido en torrenciales. Son Ultimones. Y cuando ocurre lo peor, la culpa se la echan a otros: “los desastres naturales se deben a la inclemencia de la naturaleza”, o “el Senamhi falló en su pronóstico”. Los periodistas también echan leña al fuego porque en todos los reportes utilizan estas dos palabras: “desastres naturales”.

Pero un momentito. Desmitifiquemos eso de una vez por todas. Los desastres “naturales” no existen. Nos hemos mal acostumbrado a llamarlos “naturales” cuando es todo lo contrario. Una cosa son los fenómenos naturales y otra muy diferente los desastres. Este último solo ocurre cuando previamente existe una vulnerabilidad. Y casi siempre esta vulnerabilidad se debe a la actividad humana. 

Por ejemplo, nosotros somos culpables de la deforestación. La presencia de bosques es una de las medidas más efectivas para frenar el desborde de los ríos, sin embargo deforestamos y provocamos nuestra propia vulnerabilidad. Sin bosques las inundaciones llegan a niveles catastróficos. 

Así que dejemos de culpar a la naturaleza y de negar nuestra propia responsabilidad. No pretendamos invisibilizar nuestra culpa y comprendamos que los desastres no son “naturales”. Son desastres sociales o humanos, provocado por nosotros. Empezar a cambiar la manera en que calificamos a los desastres sería un primer paso. Uno bien importante. 

Abracemos de una vez la Cultura de Prevención. Abordarla de manera integral. Desde las familias, los colegios, las universidades, los municipios y las organizaciones sociales. Aprendamos a gestionar el riesgo. Asumir que somos un país sísmico. Un país con lluvias y sequías. Que recibe la constante visita de El Niño y también de su hermana La Niña. Cuando se presente un nuevo fenómeno natural que no nos agarre con los pantalones o las faldas abajo. No lamentemos millonarias pérdidas económicas o lo que es peor, la muerte de algún compatriota por un desastre social que muy bien pudo ser prevenido.


14 febrero, 2012

Irregularidad en la subasta de tierras del Proyecto Olmos


Una seria irregularidad se ha detectado en la reciente subasta de tierras del Proyecto de irrigación Olmos. Un nuevo intento de acaparamiento de tierras que involucra a un poderoso grupo económico -- el Grupo Gloria - pero esta vez infringiendo de manera evidente las reglas mismas de la subasta y poniendo dudas sobre su transparencia. Todo ello bajo la pasiva mirada del gobierno regional de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos. 

Cuando el pasado 09 de diciembre se realizó la largamente esperada subasta de tierras de Olmos, las bases que estaban vigentes establecían que una de las condiciones era que un postor solo podía comprar lotes en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Era una regla coherente que se establecía para impedir que un solo inversionista o un solo grupo económico pueda acaparar todas las tierras del proyecto Olmos.

Sin embargo ese día una de las condiciones de la subasta fue vulnerada. El abogado Jaime Escobedo, coordinador del Observatorio de Tierras e investigador del CEPES, revela que el Grupo Gloria a través de una empresa vinculada al grupo, COAZUCAR (Corporación Azucarera del Perú) compró lotes en más de un sector.

En la reciente subasta de tierras, 10 empresas fueron las ganadoras de las 19 mil 900 hectáreas de la Primera Subasta de tierras de Olmos por un valor total de 102 millones de dólares. COAZUCAR se adjudicó 11 mil 100 hectáreas en el sector A; Gloria S.A. se adjudicó cuatro mil 500 hectáreas en el sector B, mientras que las 8 empresas restantes se repartieron las otras 4 mil 300 hectáreas. Es decir el Grupo Gloria se adjudicó 15 mil 600 hectáreas en dos sectores diferentes, a pesar que las reglas claramente lo impedían.

Legalmente se tratan de personas jurídicas distintas, sin embargo el abogado Jaime Escobedo afirma que "en los hechos ambas forman parte del mismo grupo económico. Bajo esta figura de dos personas jurídicas lo que se ha hecho es vulnerar las condiciones de subasta."

"La razón de ser de esta regla de la subasta era impedir que un grupo económico acapare o concentre las 38 mil hectáreas. Pero si a la vez se permite la participación de personas jurídicas vinculadas, entonces ¿Qué sentido tiene poner esta regla? Si un postor puede crear diferentes personas jurídicas para acaparar lotes en un sector, entonces ¿por qué poner esta regla, si va a ser tan fácil sortearla?" se pregunta el abogado Jaime Escobedo. "Existe una abierta contradicción. Lo que se ha hecho es tergiversar una regla de la subasta en beneficio propio", afirma.

Sin duda, gran parte de la responsabilidad recae en el Comité de la Subasta de Tierras de Olmos. Para Escobedo caben dos interpretaciones. "O se hicieron de la vista gorda a pesar de saber que el Grupo Gloria estaba impedido de comprar lotes en más de un sector. O simplemente demuestra una incapacidad de saber la razón de ser de ciertas reglas. En cualquier caso, la comisión de subasta de Olmos ha actuado con gran negligencia porque no debieron permitir que, a través de sus empresas vinculadas, el Grupo Gloria participe en la subasta en más de un sector", explica el coordinador del Observatorio de Tierras. 

Esta irregularidad detectada en el proyecto Olmos se explica analizando la actual coyuntura del país donde se está denunciando desde diversos sectores un alto nivel de concentración de tierras. "Este acaparamiento se explica no solo bajo criterios económicos o productivos, sino que también tiene un componente de poder. Quien tiene más tierras está en mejor posición de imponerse. Lo que ha pasado es que el Grupo Gloria se sentía seguro de podían comprar tierras en más de un sector y que nadie iba a reclamar", expresa Escobedo.

El gobierno regional de Lambayeque también tiene responsabilidad en explicar porqué ocurrió esta irregularidad en la subasta de tierras de Olmos "¿Qué respuesta le da el gobierno regional de Lambayeque a su propia sociedad, cuando una condición tan abierta para impedir que un grupo económico acapare todo el proyecto Olmos, es transgredida tan fácilmente? Simplemente se escriben las reglas de un modo tal que una empresa puede burlarlas de manera tan fácil", critica el abogado Jaime Escobedo.



12 febrero, 2012

El manifestante del Time versus el manifestante de “La Marcha del Agua”


Detesto la hipocresía, la doble moral, el doble rasero. Y no es difícil encontrar ejemplos de cómo juzgamos de diferente manera – a veces hasta contradictoria- a hechos o situaciones que poseen una concepción similar. A situaciones tan parecidas como dos gotas de agua. Sin embargo a una la alabamos y otra le damos con palo. 

Muchos aplaudieron y elogiaron a la revista estadounidense Time, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, cuando designó como personaje del año 2011 a “The Protester”, es decir a aquellos que realizaron contundentes manifestaciones en diversas partes del mundo. “Desde la primavera árabe hasta Atenas, desde Occupy Wall Street hasta Moscú”. Durante aquellas publicitadas manifestaciones que se realizaron a lo largo del 2011, las redes sociales, los blogs y las conversaciones cotidianas celebraban la actitud de aquellos manifestantes, conocidos también como los “indignados”, que salían a derrocar dictadores, a protestar contra mezquinas corporaciones mundiales o simplemente a tratar de buscar un mundo mejor. 

Entonces ¿cuál es la diferencia entre aquel manifestante que reconoció la revista Time con aquel manifestante peruano que también protesta de igual manera en la Marcha Nacional del Agua? Absolutamente nada. ¿Por qué en una determinada situación muchos limeños se solidarizan con el manifestante europeo, árabe o norteamericano, pero en un suceso local muy similar, hacen totalmente lo contrario y hasta se desgañitan en criticar y condenar esta masiva expresión de protesta? ¿Qué pasa? ¿Es porque son del interior del país? ¿Será porque son manifestantes serranos y selváticos que no son tan “cool” como sus pares europeos? ¿Es que unirse a las protestas europeas es más bacán si lo haces desde tu computadora a través del Facebook, pero cuando llegan a la puerta de tu casa, a tu ciudad, te sientes invadido? ¿Se deberá al temor que inconscientemente percibes de que una Marcha como esta pueda afectar verdaderamente tus intereses económicos? 

Una de las razones que esgrimen para criticar a la Marcha Nacional del Agua, que hará su entrada en Lima el próximo jueves 9 de febrero, es que la protesta que se realiza en Perú es política. Disculpen. ¿Qué protesta en el mundo no es política? Es obvio que una manifestación de esta intensidad es la canalización de las críticas que muchas peruanas y peruanos tienen hacia la forma en la que el actual gobierno está tratando el tema del agua. A criticar que se pretenda realizar actividades extractivas en las cabeceras de cuenca y glaciares, causando graves impactos en el uso del agua. A pedir la prohibición del uso de cianuro y mercurio, que son tóxicos y envenenan los ríos. 

Deslizar la idea de que una marcha como esta tiene subalternos propósitos partidarios, porque Marco Arana y otros conocidos dirigentes se encuentran como algunos de los organizadores, es subestimar e infantilizar al resto de manifestantes. ¿Acaso son muñecos o títeres que son manipulados como niños para participar en la protesta? ¿No pueden comprender, o no cabe en sus cabezas que las organizaciones sociales no partidarias, o incluso los ciudadanos de a pie pueden tener su propia agenda política? Una incluso muy diferente a la de los movimientos políticos involucrados. Es probable que estos partidos tengan su propia agenda. Pero serán las propias organizaciones las que tomarán las respectivas decisiones en su momento. Eso no desmerece los reales y urgentes motivos de la misma protesta. 

Esta marcha se presenta como pacífica. Esperemos que no haya provocaciones de ningún lado, para no lamentar acciones de violencia que nos recuerden a las represiones gubernamentales alanistas. Y también es una marcha política. Así como lo fueron las manifestaciones de los “indignados” europeos, árabes y norteamericanos, durante el 2011. ¿Los “indignados” peruanos podrán ser profetas en su tierra y recibir el apoyo de sus paisanos de las grandes ciudades?


09 febrero, 2012

El avance de la agricultura no depende de la concentración de tierras


¿Cómo avanza el debate sobre el límite a la concentración de tierras en el país? Hace unos días entrevisté al congresista de la república Tomás Zamudio, de la bancada de Gana Perú. Ante algunas voces que advertían que una ley sobre este tema atentaría contra la Constitución, el congresista afirmó que el proyecto de ley para limitar la extensión de la propiedad de la tierra no es inconstitucional. 

"El artículo 88 de la Constitución señala que los límites de la propiedad rural serán establecidos por la ley expresa. Entonces no cabe la discusión. La dación de una norma que limita la propiedad es total y plenamente constitucional", nos dijo en la entrevista. 

Pero también han surgido fuertes críticas de sectores empresariales. El congresista Zamudio calificó esta actitud como "monopólica, como un retorno al latifundio. El avance de la agricultura no depende de la gran concentración en uno o dos propietarios. Depende del avance tecnológico, al apoyo crediticio, a las cadenas productivas y principalmente a dar oportunidad a los pequeños y medianos agricultores del país". 

¿Cual será la cifra límite para la propiedad de la tierra? Ante esta pregunta Zamudio consideró que es un exceso cuando se señala la cifra de 25 mil hectáreas como límite en la región costa, porque "las realidades son totalmente distintas en norte, centro y sur. Tiene que ser una propuesta técnica, coherente y que vaya de acuerdo a la realidad nacional". El debate en el Congreso recién empieza.




07 febrero, 2012

Los dueños de la tierra en Perú se parecen al bigotón del Monopoly


Artículo publicado en Spacio Libre 

Y no es broma. Cada vez se parecen más. Ya no estamos hablando de comprar más solares en la avenida Báltica o en Plaza del Parque (pasando por GO y cobrando 200), sino de comprar (léase acaparar) tierras agrícolas, como si la costa peruana se tratara de un juego de Monopoly de la vida real. Quien compra más tierras a los demás, gana. Y para ellos no importan las consecuencias sociales. Las cifras son las que mandan. 

 Pero a diferencia del Monopoly, donde los jugadores tienen la oportunidad de jugar otra partida e intentar ganar, en la vida real esta es la única partida para miles de pequeños agricultores. Muchos de ellos en la actualidad solo son testigos de cómo las tierras agrícolas van a parar a manos de los nuevos latifundios. De los nuevos dueños de la tierra en Perú. 

 ¿Por qué es necesario decirle STOP al acaparamiento de tierras? Seguramente habrán escuchado o leído en los últimos días a los duros economistas, (que solo ven, comen y respiran cifras) afirmar que poner límites a la propiedad de la tierra es regresar al minifundio y a la Reforma Agraria. FALSO. La idea de detener el acaparamiento de tierras en pocas manos no es promover la atomización de los predios agrícolas sino de acabar con la grosería que una sola empresa sea propietaria de 80 mil hectáreas. ¡80 mil!

En el país existe el falso paradigma que la única agricultura exitosa es la de gran escala, destinada a la exportación. Otra vez FALSO. No se necesitan 20 mil, ni 10 mil hectáreas para realizar una agricultura exitosa. La pequeña agricultura también es exitosa. Los cafetaleros lo han demostrado. 

¿Sabe cuál es el primer producto de agroexportación en el Perú? Adivinó: el café. ¿Sabe cuál es el promedio del tamaño de propiedad que posee cada agricultor? Entre 2 a 3 hectáreas. Es pequeña agricultura familiar. ¿Y cómo logran exportar con tan poca cantidad de hectáreas? Simple. Cooperativas cafetaleras. Quizá el término cooperativismo suene a velasquismo, pero a través de la asociatividad, los cafetaleros (y también los productores bananeros en el norte) se han desprendido de esa etiqueta y han demostrado que pueden obtener no solo beneficios económicos sino también sociales. Han demostrado que la agricultura peruana no debería estar solamente en las manos de unos pocos inversionistas, que cada vez más se van pareciendo al bigotón del Monopoly. 

 El Perú cuenta con pocas tierras agrícolas, así que es un bien preciado. Es un tablero limitado, finito, tal como en el popular juego de mesa. Usted que vive en la ciudad se estará preguntando ¿Y eso cómo me afecta a mí? Pregúntele a Gastón Acurio y a los miles de chefs peruanos cómo está afectando el acaparamiento de tierras a la gastronomía local. Las grandes empresas no cultivan alimentos. Siembran lo que se paga más en el mercado. Caña de azúcar, maíz amarillo y otros cultivos destinados a biocombustibles, en fin. Dedican sus miles de hectáreas al monocultivo, con todos los impactos ambientales que eso significa. 

Nuestra seguridad alimentaria está en peligro entonces. Depender de la importación de alimentos podría ser una apuesta riesgosa ya que los precios suelen subir constantemente. Así que ni siquiera pensar en el extranjero. Es por eso que el papel de los campesinos y pequeños agricultores peruanos es protagónico porque significan la primera despensa alimentaria del país. 

Pero más allá de la preocupación de quedarnos sin nuestro arroz con pollo o nuestro lomo saltado, detener el acaparamiento de tierras es una iniciativa de inclusión democrática. De miles de pequeños agricultores que esperan una oportunidad. Pero sin tierras no podrán hacer nada. Como un jardinero sin flores que regar. Como un futbolista sin canchita donde pichanguear.