La gobernanza de la tierra y la necesidad de un Estado fuerte y regulador

En la actualidad existe una preocupación internacional sobre el acceso y uso de los recursos naturales, especialmente sobre la tierra. En el Perú se está debatiendo una ley para limitar la propiedad agrícola ante las tensiones sociales que provoca la reaparición de los latifundios. Hace unos días el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y la ILC organizaron en la ciudad de Lima un taller sobre la gobernanza de la tierra. Sobre el tema entrevistamos a Annalisa Mauro, del Programa para América Latina de la International Land Coalition, ILC, (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra), una alianza global de la sociedad civil y organizaciones internacionales para promover el acceso seguro y equitativo a la tierra. 

Nueve meses de Humala: ¿fórceps o parto natural?

Este 28 de abril se cumplieron nueve meses desde que Ollanta Humala asumió la Presidencia de la República. Nueve meses es una cifra simbólica. En los seres humanos es el momento donde la gestación llega a su final. Hablando a un nivel gubernamental, nueve meses es el tiempo suficiente para haberse quitado las cadenas de sus predecesores y alejarse de las inercias políticas y administrativas. Cabe preguntarse entonces: ¿El gobierno de Humala tendrá un buen parto natural, políticamente hablando? ¿O más bien se necesitará una cesárea de emergencia y usar unos fórceps para apurar el parto? Más importante aún: ¿qué nacerá de este embarazo, sabiendo las idas y venidas programáticas que ha realizado el partido de gobierno?

¿La tierra para el que tiene más plata?

Caricatura de Carlín (Diario La República)

Solo te acuerdas los pequeños agricultores peruanos cuando viene un nuevo Mistura. Alabas el trabajo de un agricultor solo cuando ves a un chef hablar sobre lo importante que es la papa peruana. Y lo compartes alegremente en tu Facebook. Pero el resto del año están ausentes de tus redes sociales y conversaciones. Te das cuenta de las agricultoras y agricultores cuando en los noticieros ves que han perdido sus cultivos por las lluvias o inundaciones, y lo primero que piensas: “van a escasear los alimentos y van a subir los precios”. Te acuerdas de los agricultores cuando ─desesperados por no ser escuchados por las autoridades─ bloquean alguna carretera pidiendo mejores condiciones al gobierno. Y lo que piensas es: “que vaya la policía y los lleve a la cárcel por bloquear a los buses en la carretera”. En el fondo no te importa el campo ni lo que les pase a miles de familias que se dedican a la agricultura. Salvo que sus problemas te afecten directamente. Por ejemplo en el acceso a tu acostumbrado lomo saltado o tu cebiche de fin de semana. “No puede ser. Hay que apoyar a los agricultores, no nos podemos quedar sin el arroz con pollo”, dirías. 

Uno de aquellos problemas que te niegas a ver es sobre la falta de tierra para cultivar alimentos que enfrenta en la actualidad la pequeña agricultura. Los pequeños propietarios están perdiendo sus tierras o no están accediendo a nuevas tierras para seguir desarrollando su actividad. Un caso ejemplar es la actual subasta de tierras del Proyecto Olmos, que fue retratado certeramente por Carlín, en una caricatura que reproduzco en esta columna. 

Muchos opinólogos neoliberales pretenden negar y tapar de manera casi desesperada, lo que es un hecho a gritos: que el Perú está viviendo una tendencia hacia la neolatifundización, con todas las distorsiones sociales y económicas que eso conlleva. Es decir, estamos en medio de un proceso de concentración de tierras en pocas manos, muchas veces ligado a características de acaparamiento. Para comprobar esta tendencia, las cifras no deben tomarse en un consolidado nacional, sino que debe enfocarse a una zona particular: la costa peruana, donde la tendencia es más fuerte. Analizar y comparar las cifras solo a un nivel nacional, es pretender manipular y esconder algunas conclusiones. 

Las últimas cifras agrarias que tiene el país son las del último censo agropecuario de 1994. Allí se establecía que las áreas de cultivo bajo riego en la costa bordeaban las 780 mil hectáreas. Según el censo, todas las unidades agropecuarias eran menores a las mil hectáreas. Sin embargo, ahora se terminarán de incorporar las 78 mil nuevas hectáreas de los proyectos de irrigación de Chavimochic y de Olmos, con lo cual las unidades agropecuarias con más de mil hectáreas aumentarán, y concentrarán la quinta parte de las tierras agrícolas de la costa. La quinta parte. Y son tierras donde no se está cultivando necesariamente alimentos para la demanda nacional, sino cultivos para biocombustibles o hacia la exportación. Una política neolatifundista promovida por los gobiernos de los últimos 20 años. 

El primer argumento que se esgrime para defender los latifundios agroindustriales de 10 mil, 20 mil o 30 mil hectáreas es que es la “única” o la “mejor” manera de realizar cultivos de agroexportación. Eso es una mentira más grande que todas las tierras compradas por el grupo Gloria. Los productores cafetaleros que en promedio poseen entre 2 a 3 hectáreas han demostrado que se puede hacer muy buena agricultura de exportación. Y esa oportunidad también la deberían tener otros miles de pequeños agricultores a través de políticas gubernamentales de asociatividad. Entonces surgen dos preguntas: ¿Por qué no se promueve fuertemente estás medidas de asociatividad de los pequeños agricultores? La otra pregunta más preocupante es: ¿Por qué se sigue defendiendo el monopolio de tierras de estas grandes empresas agroindustriales como Gloria, Romero, Oviedo, Camposol y Maple? 

A estas empresas no solo se les otorgan cuantiosos beneficios tributarios, sino que también se le venden tierras baratas que han sido subsidiadas por el Estado Peruano. Osea con la plata de todos. En la primera subasta de tierras de Olmos, cada hectárea de tierra se vendió a las empresas postoras a 5 mil dólares americanos. Sin embargo, esta hectárea eriaza y ganada por el Estado nos costó a todos los peruanos la suma de 20 mil dólares (según lo habría confirmado el propio Fernando Cillóniz, presidente del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos). ¡Y se la vendemos barata a los grupos empresariales a solo 5 mil dólares! Cualquier economista con dos dedos de frente diría que el Estado hace una mala inversión. Pero extrañamente en el caso del proyecto Olmos no dicen ni pío. 

Acá no estamos hablando de corporaciones “malvadas” o que ya no deban existir. Lo que estamos hablando es que dichas corporaciones no necesitan 10 mil o 20 mil hectáreas para hacer agricultura a gran escala. Pueden hacerlo con mucho menos hectáreas. Lo contrario es simplemente acaparamiento de tierras. Tampoco estamos hablando de apoyar a un minifundio con tierras fragmentadas que son económicamente insostenibles, sino de promover una política de asociatividad dirigida a la pequeña agricultura, sector primordial en el abastecimiento de alimentos del país. Para tu lomo saltado y tu arroz con pollo. 

Que las oportunidades de acceder a nuevas tierras agrícolas también la tengan los pequeños y, porque no, los medianos agricultores. Que las tierras no sean para el que tiene más plata. ¿Por qué les niegan esa oportunidad? ¿Qué hay detrás de esa discriminación? Y en el caso de Olmos ¿dónde quedó la palabra favorita del presidente Humala?

Artículo escrito para SPACIO LIBRE

Subasta sin gloria

Artículo escrito para LA REVISTA AGRARIA

Una seria irregularidad empañó la reciente subasta de tierras del proyecto de irrigación Olmos: un acaparamiento de tierras que involucra a un poderoso grupo económico el Grupo Gloria, infringiendo de manera evidente las reglas de la subasta y poniendo en duda su transparencia. Y todo ello sucedió bajo la pasiva mirada del gobierno regional de Lambayeque y del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos. Cuando el pasado 9 de diciembre se realizó la esperada subasta, las bases vigentes establecían una condición importante: que un postor podía comprar lotes en un solo sector de los tres que estaban en subasta. Esta regla impedía que un solo inversionista o grupo económico acaparare todas las tierras del proyecto Olmos.

Sin embargo, ese día, el Grupo Gloria se adjudicó tierras en más de un sector, a través de otra empresa, vinculada al grupo: la Corporación Azucarera del Perú (Coazúcar).

Diez fueron las empresas que se adjudicaron las 19 mil 900 hectáreas de la primera subasta de tierras de Olmos. Coazúcar obtuvo 11 mil 100 hectáreas en el sector A; Gloria S.A., 4 mil 500 hectáreas en el sector B; mientras que las otras ocho empresas se repartieron las 4 mil 300 hectáreas restantes. Es decir, el Grupo Gloria se adjudicó 15 mil 600 hectáreas en dos sectores diferentes, a pesar de que las bases claramente lo impedían. Para el abogado Jaime Escobedo, coordinador del Observatorio de Tierras e investigador del Cepes, dicho grupo económico utilizó la argucia de dos personas jurídicas distintas, vulnerando las condiciones de la subasta. «Si un postor puede crear diferentes personas jurídicas para acaparar lotes en más de un sector, entonces ¿para qué poner esta regla, si va a ser tan fácil sortearla?», se pregunta Escobedo.

El congresista José León Rivera es más severo. «Todo esto habla de que con ellos [el Grupo Gloria] no se mete la justicia ni la autoridad regional, porque tienen poder económico. Esto demuestra cómo funcionan las cosas cuando el poder económico está por encima de cualquier norma o autoridad. Si mañana un empresario del agro quiere comprarse todo Tacna o Moquegua, puede hacerlo », advirtió el presidente de la Comisión Agraria del Congreso.

Gran parte de la responsabilidad recae en el Comité de la Subasta de Tierras de Olmos, que actuó con desidia al permitir que el Grupo Gloria compre tierras en más de un sector. Al ser consultado sobre la irregularidad, el presidente de dicho comité, Fernando Cillóniz, confirmó en un primer momento su desconocimiento, pero luego defendió el argumento de que son dos postores con personas jurídicas distintas.

«Yo preferiría que las tierras de Olmos estén en varias manos y no solo en una; sin embargo, hubo pocas empresas interesadas en la subasta; incluso, han sobrado tierras. Yo prefiero la concentración de tierras al abandono», argumentó Cillóniz. Más aún, no descartó que el Grupo Gloria y sus subsidiarias participen nuevamente en la segunda subasta de las tierras de Olmos, que se realizará en marzo. En efecto, ahora han modificado las reglas de la subasta: un postor ya no estará impedido de comprar lotes en más de un sector, lo cual evidentemente favorece un mayor acaparamiento de tierras por parte de las corporaciones agrícolas. Intentamos comunicarnos con representantes de la empresa para obtener su versión, pero se abstuvieron de hacer comentarios.

El gobierno regional de Lambayeque tiene ahora la responsabilidad de dar explicaciones sobre esta irregularidad. Sin embargo, este hecho es solo una muestra más del actual proceso de concentración y acaparamiento de tierras que se vive en el país. «Existe un componente de poder. Quien tiene más tierras está en mejor posición de imponerse. Lo que ha pasado es que el Grupo Gloria se sentía seguro de que podía comprar tierras en más de un sector y que nadie iba a reclamar », expresa finalmente el abogado Escobedo. Una vez más se comprueba que en el Perú las reglas no se aplican para los que gozan de gran poder económico.

El avance de la agricultura no depende de la concentración de tierras

¿Cómo avanza el debate sobre el límite a la concentración de tierras en el país? Hace unos días entrevisté al congresista de la república Tomás Zamudio, de la bancada de Gana Perú. Ante algunas voces que advertían que una ley sobre este tema atentaría contra la Constitución, el congresista afirmó que el proyecto de ley para limitar la extensión de la propiedad de la tierra no es inconstitucional. 

"El artículo 88 de la Constitución señala que los límites de la propiedad rural serán establecidos por la ley expresa. Entonces no cabe la discusión. La dación de una norma que limita la propiedad es total y plenamente constitucional", nos dijo en la entrevista. 

Pero también han surgido fuertes críticas de sectores empresariales. El congresista Zamudio calificó esta actitud como "monopólica, como un retorno al latifundio. El avance de la agricultura no depende de la gran concentración en uno o dos propietarios. Depende del avance tecnológico, al apoyo crediticio, a las cadenas productivas y principalmente a dar oportunidad a los pequeños y medianos agricultores del país". 

¿Cual será la cifra límite para la propiedad de la tierra? Ante esta pregunta Zamudio consideró que es un exceso cuando se señala la cifra de 25 mil hectáreas como límite en la región costa, porque "las realidades son totalmente distintas en norte, centro y sur. Tiene que ser una propuesta técnica, coherente y que vaya de acuerdo a la realidad nacional". El debate en el Congreso recién empieza.