Recientemente la FAO promovió la aprobación de un importante documento por parte de un centenar de países: “Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”. ¿En qué consiste este documento?
El 11 de mayo fueron adoptadas por los Comités de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas y por el conjunto de Gobiernos que participan en dicho Comité, las “Directrices Voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra, del agua y del bosque”. Es algo nuevo porque es la primera vez que hay un marco internacional que define los principios que se deberían seguir para una gobernanza responsable de un bien que se convierte cada vez más en un bien muy escaso y limitado, donde hay mucha competencia para su acceso y control. Así que tener su marco de referencia internacional, que nos diga lo que se debe tomar en cuenta en función de decisiones políticas y también operativas sobre el tema de un recurso tan importante, es un bien colectivo a disposición de todos y es absolutamente nuevo porque nos ofrece pautas de acción y reflexión.
¿Cuál es el proceso que ha motivado a que se publiquen estas directrices? ¿Qué es lo que está fallando en el mundo para publicar y reflexionar sobre estas directrices acerca de la tierra?
Ese es el otro valor importante que las directrices voluntarias tienen, porque destacan la prioridad de poner la atención sobre lo que es un bien común como la tierra, que tiene distintas dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales, agroecológicas que se deben tomar en cuenta en un proceso de concentración y de control de este bien. A nivel global, en International Land Coalition hemos monitoreado, a partir del 2000, un incremento en las transacciones de tierras de gran escala. Esto nunca había pasado anteriormente, con la rapidez y el tamaño de las transacciones que se están dando ahora. Existen distintas razones, por ejemplo, la necesidad de asegurar la alimentación por los países que son más dependientes de alimentos; porque hay un tema de nuevos mercados como el carbono que era un mercado que anteriormente no existía; para la producción de biocombustibles que compiten con la producción de alimentos. Esto determina nuevas dinámicas muy rápidas e impresionantes.
¿Cuál es la principal advertencia que hace ILC ante este tema de la concentración de tierras?
La ILC fue creada en 1995 para aglutinar asociaciones de distinta naturaleza para trabajar y dialogar alrededor del tema tierra, en el marco de la erradicación de la pobreza rural. Y dialogar porque es un tema conflictivo y tiene una complejidad que implica un entendimiento dinámico de las implicancias que la gobernanza de la tierra conlleva. La ILC tiene la visión que la tierra es una oportunidad ─así como a veces es un obstáculo para una vida digna en el campo si no puedes acceder a ella─, y coincide con las Directrices Voluntarias sobre el concepto de responsabilidad en lo que se refiere a una gobernanza de la tierra en términos de instrumentos para mitigar los conflictos sociales, para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, y para la protección del medio ambiente. En el concepto de responsabilidad hay muchos valores que son los principios de la ILC.
Lo que está sucediendo en el Perú es la reaparición de los latifundios y la concentración de la tierra en pocas manos. Esto no solo sucede en Perú sino que es una tendencia a nivel mundial: la tierra se está concentrando en pocas manos ¿Cuál es el peligro?
Sí, hay distintos procesos de concentración. Por ejemplo hay procesos intrarregionales en America Latina. Hay países compradores y países vendedores de tierras a través de un mercado de tierras. No es como por ejemplo en África donde muchas veces el mismo Gobierno es el que tiene la mayor parte de la tierra y la vende a extranjeros para que haya inversiones en las áreas rurales. El tema de las inversiones en las áreas rurales es necesario si es legítimo. Lo que preocupa en el tema de la concentración es sobre el control de un bien tan importante como la tierra que afecta todo lo que es un principio de calidad de oportunidades y de acceso a oportunidades de control. Al final es un control a veces de territorios enteros. Muchas veces el acceso a la tierra se vincula con lo que es el acceso al agua. Hay recursos que son fundamentales para la colectividad, pero que a veces se concentran en las manos de algunos sectores privados, de pocos ciudadanos con respecto a los beneficios que deberían tener para una visión colectiva.
Una de las razones para un mayor negocio en el tema de las tierras y una mayor concentración es por la producción de alimentos porque hay mucha demanda. Entonces se hace agricultura a gran escala para abastecer esta demanda. Si estos grandes latifundios y estas grandes extensiones de tierra, tienen su razón de ser que es la producción de alimentos… ¿Por qué advertir o criticar este proceso, si los alimentos van a la población que esta demandándola?
Es un debate. Yo creo que las zonas rurales son las que deben tomar decisiones sobre el futuro de las áreas rurales. Se encuentran en una encrucijada sobre quién produce los alimentos y qué tipo de alimentos producen. Es el debate entre la producción de gran escala y la agricultura campesina. Claramente hay economías de escala que debemos tomar en cuenta, pero esa no es la justificación para que esas economías sean infinitas. Además hay políticas deliberadas para apoyar la gran agricultura, a las grandes inversiones, que muchas veces producen solo para la exportación. Por otro lado no se apoya a la pequeña agricultura, que tiene un gran valor y que es un bien colectivo. La agricultura campesina también compite en el mercado, tienen sus fortalezas y producen alimentos que tienen destinos de mercados locales, calidad de alimentos distintos.
Quizá el paradigma ha cambiado en los últimos 50 años. Ahora el campesino no solo se dedica a la tierra, hace otras actividades, tiene otros trabajos en la ciudad, en fin… quizá la tendencia es ir hacia una agricultura a gran escala ¿Cuál es la importancia de seguir apoyando a la agricultura campesina?
Hay distintas evidencias que en términos económicos nos hablan sobre la capacidad de la producción; en temas de la biodiversidad por ejemplo, la capacidad de una diversificación de productos, de tener un aprovechamiento de recursos naturales (mucho más sustentable en comparación a la agroexportación) en consumo de agua y la protección de estos recursos. Tiene un valor económico y un valor social. Cuando uno tiene un monopolio económico en un territorio eso se siente con respecto a muchas dinámicas de tipo social y económico. Una diversidad de actores que cuidan el territorio, en función a una actividad económica como la producción de alimentos, es un beneficio colectivo. Eso es lo que se valora mucho ahora: las políticas de atención a la pequeña agricultura en muchos países del mundo. La pequeña agricultura no es fácil, así que tienen la necesidad de ser respaldados por la atención del Gobierno, ya que tienen todo un valor colectivo que facilita un tipo de relación entre lo urbano y lo rural absolutamente virtuoso.
En los últimos años se ha dado un proceso de migración del campo a la ciudad por los obstáculos o ausencias que sienten los pobladores rurales, que abandonan el campo para dirigirse a las ciudades; de igual manera los hijos de los agricultores ya no quieren dedicarse a la actividad agrícola. ¿Este proceso no contradice el seguir apostando por la pequeña agricultura?
La gente deja el campo porque cuando uno no tiene una seguridad sobre su tierra ─que es donde invierten sus energías para producir─ finalmente la deja. La seguridad de los derechos a la tierra es otro punto importante. En muchos países no hay seguridad. La gente siente que al final es mucho más fácil vender ─a través de un mercado informal─ e ir a la ciudad, abandonando lo que es un sistema de producción sano. Es un deber del Estado garantizar que haya seguridad alimentaria ─por eso también las Directrices Voluntarias se enmarcan en la seguridad alimentaria─ y la mejor manera de hacerlo es apoyar a la gente para que no deje el campo.
El tema de la Gobernanza de la tierra es una buena iniciativa a tomar en cuenta, sin embargo aún suena abstracto. Son lineamientos de buenas voluntades pero necesitan aterrizar en algunas medidas o políticas concretas. Una de las que se está discutiendo en Perú es sobre el límite a la propiedad de las tierras. ¿Qué hacer frente a este proceso de concentración?
Hemos tenido la oportunidad, durante un taller de tres días en Lima, de poder conversar y mirar al tema de la tierra desde distintas perspectivas. En un número creciente de países hay un debate político sobre una ley de tierras donde se mira a la tierra en su complejidad. Hay muchos aspectos que incluyen los límites de propiedad, límites máximos y mínimos, el tema de una zonificación o de una gestión agroecológica del territorio, e incluso hay problemas sobre la disputa del territorio mismo. En el Perú, ahora la mirada debería incluir las presiones que la tierra y la gente que vive de ella están sufriendo: la minería, las concesiones de bosques, la agroexportación, turismo. Eso limita mucho lo que se queda como tierra para producir por la gente que vive en el campo. Es una complejidad creciente que tiene como sujeto principal a actores en una situación vulnerable. El Estado tiene el deber de velar por ellos con políticas adecuadas y leyes para responder a esas presiones.
Hay diversos actores en este tema tan complejo de la tierra. Pero un actor fundamental para abordar la gobernanza de la tierra es el Estado. Se necesita voluntad política desde el Estado para que la gobernanza sea democrática. ¿Cómo manejar ese tema si el Estado no tiene la voluntad política ni una preocupación por este problema y no hace caso a las directrices de la FAO?
En la realidad es un deber del Estado. En el debate sobre la gobernanza de la tierra más y más se llama la atención de un Estado regulador. Y eso es en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia. Donde siempre hay más tensiones es entre la gran agricultura y la pequeña; entre el uso de la tierra y el destino de la tierra, para fines de extracción o para fines de producción o de conservación. Esas tensiones deben ser reguladas y se amplifican al nivel del territorio porque claramente los actores tienen que competir para acceder y controlar el mismo recurso. Así que se necesita un Estado fuerte y regulador, que tenga un papel activo en los distintos niveles, desde lo central hasta lo local. Y sin contradicciones porque muchas veces existe una falta de coherencia entre los distintos aparatos del Estado, leyes e instituciones, que permitan una administración virtuosa del bien como es la tierra.
Así como ILC y otras instituciones trabajan para promover el acceso a la tierra de manera más democrática, desde el otro lado también existen los intereses de las corporaciones y del lobby económico y poderoso que hacen con el Estado ¿cómo manejar el lobby de estas grandes corporaciones?
Sí, es verdad que siempre hay la presión económica. Además son corporaciones de una dimensión económica internacional. Sin embargo hay una nueva forma de sector privado que hace inversiones y más y más se cuida en hacerlo de forma responsable. Y eso también se da en la adquisición de tierras. Por ejemplo en nuestros estudios se destaca que tal vez hay formas de inversión en el campo que no necesariamente implican un cambio de tenencia de la tierra. Pero este principio también necesita otras atenciones, porque el alquiler de la tierra puede finalmente llevar a las mismas conclusiones de un control exagerado de mercado laboral, de mercado productivo. Creo que hay dinámicas económicas muy fuertes, con actores fuertes y son transnacionales de nivel global. En América Latina hay lo que se llama translatinas: compañías latinas que hacen negocio en el ámbito agrícola entre países latinoamericanos. Es por ello que la información ayuda para que todos los actores sean empoderados y poder negociar a la par.
En el Perú hay dos intereses relacionados a la tierra: uno, es la aspiración por garantizar la seguridad alimentaria, y dos, el acceso a los recursos naturales, porque hay grandes aspiraciones de las empresas extractivas por tener posesión sobre el recurso tierra. ¿Cuál es la situación que observas en Perú sobre la tensión política acerca de la tierra?
Lo que observo es una conflictividad por disputas territoriales por tensiones que hay en los recursos. Creo en la transparencia y en la consulta. Que la gente sepa, pueda opinar y decidir sobre lo que pasa en el territorio es algo legítimo y se tiene que respetar. Ese es el único camino para procesos de negociación, porque la inversión puede ser necesaria y legitima como decía anteriormente, pero lo importante es que se haga una negociación justa, una negociación a la par, donde no haya perdedores. Muchas veces cuando no hay transparencia, no hay consulta, no hay información, ni tampoco los alcaldes saben lo que va a pasar en su propio territorio, finalmente es normal que la gente reaccione. En cualquier lugar del mundo lo harían. Si uno quiere prevenir que haya situaciones de conflictividad social tan altas, deberían tomar en cuenta un accionar preventivo para que eso no pase. Y hay instrumentos para hacerlo.
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