Una simple búsqueda con Ctrl. F a
lo largo del reciente mensaje presidencial de Ollanta Humala nos
revela que en ningún momento, de las 22 páginas de su discurso, menciona la
palabra indígena. Ni una sola vez. Manan. Es decir, una invisibilización o
marginación llevada a su máxima expresión porque ya no es solamente simbólica
sino literal y palpable. Grave problema si tomamos en cuenta las estadísticas
que nos dicen que existen, por lo menos, 57 lenguas diferentes entre las
andinas y las amazónicas que son habladas por una población de más de cuatro
millones de peruanas y peruanos.
Pero más grave aún, es que esta
invisibilización llama la atención por la actual coyuntura nacional donde
existen conflictos y problemas pendientes que tienen mucho que ver con las
poblaciones indígenas de nuestro país. Muchos de estos conflictos, incluso, han
provocado algunas crisis sociales y políticas en el pasado, de este y otros
gobiernos, por lo cual, la invisibilización de un importante sector significa
que las autoridades no han aprendido de las lecciones pasadas y pareciera que
prefieren esconder estos problemas detrás de la cortina o debajo de la
alfombra, bajo el mantra de “no existen, no existen, no existen”.
Hay una brevísima mención en el
discurso acerca del primer proceso de consulta previa que está realizando el
gobierno sobre el establecimiento del Área de Conservación Regional –Maijuna,
en Loreto. “Ha sido un proceso serio y respetuoso donde una vez más hemos
comprobado que los peruanos podemos avanzar equilibradamente en el
aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales”, señalaba Humala en
medio de los aplausos de la portátil oficialista. Pero, incluso, en este caso
que no es tan complicado, se ha producido la marginación de las comunidades
kichwas, lo cual deslegitima en cierta manera a este primer proceso de consulta
previa.
Si bien el caso de los Maijuna es
importante, no deja de ser periférico si lo comparamos con otros conflictos con
pueblos indígenas donde están en juego problemas estructurales relacionados a
las políticas de extractivismo, el ordenamiento territorial, la gestión de
recursos naturales, o la misma visión de desarrollo que queremos para nuestro
país. El símbolo de todo esto se palpa en el caso de la comunidad campesina San
Juan de Cañaris, donde quedó evidente las reticencias del gobierno central de
querer declarar a dicha comunidad como pueblo indígena. A dos años de publicada
la Ley de Consulta Previa, la gran deuda pendiente del gobierno de Humala es la
publicación de la esperada Base de Datos de pueblos indígenas.
Algunos de los defensores y
escuderos del actual gobierno manifiestan que el mensaje presidencial de 28 de
julio no era el espacio propicio para que el gobierno central tratara o
informara sobre la situación de los pueblos indígenas. Pero Humala tampoco lo
hace en otros momentos y sigue aplicando, de manera inercial, la política del
bombero: apagar incendios en el último minuto en lugar de prevenirlos. Todo
ello a pesar que, en las últimas semanas, se han agudizado diversos casos que
amenazan con vulnerar los derechos de las poblaciones indígenas de nuestro
país.
El reciente tiene que ver con el
espinoso caso, por decir lo menos, relacionado al Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) presentado por la empresa argentina Pluspetrol para buscar la ampliación
de las actividades de exploración y explotación del conocido Lote 88, en la
región amazónica de Loreto. Antes de su renuncia, el viceministro de
Interculturalidad, Paulo Vilca Arpasi, emitió, el 12 de julio, una resolución
con una serie de observaciones donde señala que el EIA “carece de criterios
técnicos para establecer el impacto real que tendrá el proyecto sobre la vida y
salud” de las poblaciones indígenas afectadas. Sin embargo, horas después y de
manera inexplicable, la resolución viceministerial fue retirada del
portal web del Ministerio de Cultura.
La Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos (CNDDHH), ha llamado la atención sobre este caso y asevera que la aprobación del EIA
del Lote 88, “implicaría una clara desprotección a los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial” de la Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua, Nanti.
La reciente designación de la
ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, no ha generado muchas expectativas
entre los dirigentes indígenas, los especialistas o incluso en el mismo
ministerio en mención, acerca de que la actual situación vaya a cambiar
radicalmente. La futura y próxima designación de un nuevo viceministro de
Interculturalidad nos podría dar más luces acerca de la tendencia que elegirá
el gobierno humalista: otorgar cierto campo de acción y poder político al
viceministerio para proteger los derechos indígenas, o que dicha entidad adopte
una línea de genuflexión frente a las presiones del Ministerio de Energía y
Minas.
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