Tenía pensado titular esta
columna como “la tragedia” o “los sucesos trágicos” de Bagua, pero creo que
dichos eufemismos continúan tratando de enmascarar lo que verdaderamente
sucedió aquel 5 de junio del 2009 en la llamada Curva del Diablo y también en
la Estación 6 de PetroPerú. Sí, aquel día murieron masacrados 24 policías y 9
indígenas peruanos en un hecho sin precedentes en la historia republicana del
país. Aquel día hubo decenas de heridos y desaparecidos, entre ellos el mayor
Felipe Bazán, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado y sigue siendo una herida
abierta para su familia.
Es cierto, la violencia fue desde
ambos lados pero la principal violencia vino del propio Estado Peruano. El país
tiene una deuda con aquellos compatriotas nuestros que murieron y fueron
víctimas de pésimas decisiones políticas y policiales, de una serie de
desaciertos punibles, y de una vergonzosa falta de voluntad política para
instaurar un diálogo intercultural. Han pasado cuatro años y aún no se han
identificado a las autoridades políticas y policiales responsables de que el
conflicto en Bagua haya terminado en masacre.
Esto nos lleva a reflexionar
sobre una pregunta que, cuatro años después, sigue teniendo plena y legítima
vigencia: ¿Existe el riesgo de que se repita la masacre de Bagua? ¿Siguen
existiendo las condiciones políticas y sociales para que un conflicto devenga
en una masacre como la vivida en Bagua aquel 5 de junio?
El que no aprende de sus errores está destinado a repetirlos.
En enero del 2010, la entonces
Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó el muy esperado informe de dicha
institución sobre la masacre ocurrida en Bagua. En aquella oportunidad, Merino
exhortó acerca de la necesidad de reorganizar el Instituto Nacional de
Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruano, Indepa, principal
entidad pública que representa los intereses de los pueblos indígenas. La
debilidad de la institucionalidad social, indígena y política en el país, es
uno de los factores que explican los sucesos previos a la masacre en Bagua.
¿Qué ha pasado cuatro años
después? Sí, lo puede adivinar. Indepa ha sido descabezada por el actual
gobierno hace más de 5 meses, y ha sido marginada totalmente del debate sobre
el futuro de los pueblos indígenas. Y eso no es casual. En política no hay
casualidades. Cuatro años después, la falta de la institucionalidad indígena se
ha agudizado. Las actuales autoridades políticas parece que siguen sin entender
que el Perú no podrá avanzar como un país con diversas etnias y nacionalidades
si sigue careciendo de una institucionalidad que vele por los intereses y los
derechos de los pueblos indígenas.
La otra gran deuda del Estado es
la implementación de la Ley de Consulta Previa. Mucho se ha hablado que la
principal causa del conflicto en Bagua fue la marginación de las organizaciones
indígenas en la elaboración y promulgación de una serie de decretos
legislativos dados por el Poder Ejecutivo del entonces presidente Alan García.
Cuatro años después, la Ley de Consulta se aprobó, sin embargo, el lobby
empresarial y sus operadores políticos pretenden traerla abajo y que el
gobierno de Ollanta Humala la derogue. Como si no hubiéramos aprendido nada de
lo ocurrido hace cuatro años.
¿Bagua puede repetirse? Las
condiciones sociales, políticas y económicas siguen siendo similares a la de
hace cuatro años. Sin embargo hay que reconocer que Humala no es García. Éste
último hizo todo lo posible para expresar su desprecio hacia el destino o la
misma existencia de los pueblos indígenas. Las políticas interculturales
prácticamente no existieron durante su gobierno. La indiferencia de García y
sus ministros frente al gran malestar indígena que se venía gestando en Bagua,
son una clara evidencia. Humala no es García pero a veces prefiere gobernar
siguiendo la inercia de su predecesor y en estos últimos meses no ha mostrado
medidas decisivas para revertir aquellas condiciones políticas y sociales que
devinieron en la masacre de Bagua. Es la gran deuda que aún sigue cargando.
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