Parece imposible hablar de otros temas que no sean del polémico pero posible indulto a Fujimori o los riesgos del creciente protagonismo del inefable Movadef, eufemismo institucional del grupo terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, para los que seguimos las noticias y acontecimientos ambientales y rurales es difícil no tratar de varios hechos relacionados que han ocurrido en los últimos días, y que vinculan nuevamente a un binomio que parecen haber nacido el uno para el otro: Contaminación-Minería.
Hace unos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), confirmó lo que muchos ya habíamos escuchado: que la controvertida empresa minera Yanacocha incumplió cinco compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Exploración Minera Conga. Está demás explicar a los lectores ─salvo que haya estado abandonado en una isla en los últimos 12 meses─ cuál es la implicancia de este hecho y lo que ha significado Conga para el Perú, como el máximo símbolo de los conflictos sociales y mineros en el país en los últimos meses.
La multa impuesta a Minera Yanacocha asciende a más 127 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir aproximadamente S/. 466 mil soles, una bicoca o caja chica para los estándares de dinero que seguramente maneja la empresa minera. Sin embargo la importancia de esta multa no está en su valor económico sino en el simbólico: es un llamado de atención a todas las empresas mineras, de que no son inimputables y que toda falta conlleva su pena. Que la contaminación de nuestros ríos, lagunas, bofedales, humedales y otros no quedarán impunes porque ahora existe una mayor fiscalización.
Esto guarda amplia relación con las recientes declaraciones de Betty Chung Tong, directora de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), acerca de que “todos nuestros ríos están contaminados por pasivos ambientales mineros”. No algunos, ni la mitad, ni la mayoría. TODOS. Las regiones con mayores problemas son la región Áncash, donde la cuenca del río Santa presenta más de 1.500 pasivos mineros; y en la región Cajamarca donde existen 1.200 pasivos mineros.
Más allá de si esa palabra “todos” fue una hipérbole o no, lo cierto del caso es que las peruanas y peruanos ─ especialmente en el sector rural ─ viven con la contaminación de la actividad minera, legal o ilegal, como si fuera el pan nuestro de cada día. Los pasivos ambientales mineros que existen en la actualidad son símbolo de que en las últimas décadas de vida republicana no han existido rígidos estándares de fiscalización ambiental para contrarrestar el accionar de decenas de empresas mineras que han hecho lo que han querido en las zonas de explotación.
En muchos casos los graves casos de contaminación minera han pasado por agua tibia debido a la corrupción de algunos funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de los gobiernos regionales, como es el caso de la minería ilegal en el distrito de Ananea, Puno. En esa región se ha informado de las sospechosas vinculaciones entre los mineros ilegales y los funcionarios nombrados de la DREM, que ─ según versiones de los trabajadores del Gobierno Regional ─ estarían involucrados en temas de corrupción. Un caso que debería ser exhaustivamente revisado por las autoridades regionales y no sorprendería que se esté repitiendo en otros lugares.
Pero lo más destacable es que estos pasivos ambientales mineros ya están siendo abordados por dos instituciones nuevas y relativamente independientes: el OEFA y la ANA; el primero adscrita al Ministerio del Ambiente y sin depender de los intereses políticos y hasta empresariales del Ministerio de Energía y Minas que en los últimos años se había convertido en juez y parte de los problemas ambientales; mientras tanto, la segunda, la ANA, está adscrita al Ministerio de Agricultura y es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Hay un debate pendiente sobre el ANA y la necesidad que se convierta en un ente más independiente e interministerial. El camino va por allí: a mayor independencia de los organismos públicos rectores habrá mayor capacidad y eficiencia para contrarrestar la contaminación ambiental minera y sancionar a aquellas empresas mineras, formales e informales, que siguen destruyendo el medio ambiente del país.
Publicado originalmente en Spacio Libre
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