El país está poniendo en debate un tema trascendental para la agricultura peruana: limitar la extensión a la propiedad de la tierra.
Para el abogado Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, el Perú ya no debe mantener una legislación que no señala ningún límite a la extensión de tierras, "porque ya se están viendo graves problemas como la concentración de tierras".
Una de las distorsiones es la económica. Hay una inversión fuerte del Estado para fomentar los proyectos de irrigación y nuevas tierras agrícolas. "Sin embargo esta inversión fuerte del Estado beneficia solo a algunas empresas y no a la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores del país", explica Laureano del Castillo, uno de lo mayores especialistas en el tema de legislación de tierra y agua.
Entonces las reglas legales y económicas que se han establecido en los últimos 15 a 20 años están hechas para facilitar el acceso a la tierra a los grandes empresarios y más bien limitar el acceso a los pequeños.
Pero también existen distorsiones políticas.
"Los valles de las costa y la tierra son reducidos. Son pocos lo valles que tienen más de 20 mil hectáreas. Entonces controlar 20 mil hectáreas significa controlar TODO el valle", afirma el director ejecutivo de CEPES.
Y si hay una empresa que controla el 80 por ciento de un valle no solo tendría poder económico sino también poder político. "¿Qué autoridad puede imponer determinada disposición o limitación si tiene al frente a una empresa que tiene a la población virtualmente capturada", se pregunta Laureano del Castillo.
Que total descaro es como si buscaran que el rico siguiera siendo rico y el pobre pobre que tristeza.
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