Arcesio Gonza Castillo tenía 54 años cuando murió. Estaba acompañado por su esposa y a pocos metros de su casa, cuando fue emboscado por un grupo de desconocidos. Recibió tres cuchilladas en el pecho, una en el rostro, y otra a la altura de un riñón. Arcesio era un esforzado dirigente de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo, provincia de Ayabaca (Piura), y en los últimos años se había convertido en un acérrimo defensor del medio ambiente de su zona, ante el acecho y voracidad de los mineros informales. La muerte del defensor medio ambiental pasa a formar parte de la lamentable lista de otros líderes ambientalistas que han sido asesinados en extrañas circunstancias, especialmente en aquellas zonas donde se registran conflictos sociales. Muchos de los conflictos se originan por la presencia de personas foráneas a la comunidad que están vinculados a actividades extractivas.
Las primeras sospechas del asesinato de Arcesio recaen en los mineros informales que operan en la comunidad de Santa Rosa de Suyo. El movimiento “Todo sobre Río Blanco” lo informa así:
Edinson Gonza asegura que su padre recibía amenazas de muerte desde el 2005 a causa de su labor de oposición, junto con los dirigentes de la comunidad, a la minería informal que es desarrollada ilegalmente en el territorio de Santa Rosa de Suyo. Sin embargo, su familia empezó a ser sometida a seguimientos y acosos con mayor frecuencia desde el viernes pasado. “Mi padre ya estaba amenazado de muerte. Le decían que lo iban a desaparecer. Inclusive, ya habíamos solicitado garantías para su vida y nuestra familia. Yo también he recibido amenazas de muerte”; reveló.
Este asesinato nos hacer recordar las diferentes amenazas de muerte que han sufrido los dirigentes sociales en las últimas décadas, especialmente cuando se han enfrentado a poderosos intereses políticos y económicos, relacionados muchas veces a temas de actividades extractivas. Allí están los casos del reconocido dirigente piurano de San Lorenzo, Godofredo García Baca, asesinado en el año 2001 cuando defendía al valle de Tambogrande de los intentos de la empresa minera Manhattan, que pretendía realizar un megaproyecto de extracción de minerales en ese valle netamente agrícola.
Otro caso es la muerte del líder ambientalista Amadeo Mijahuanca Peña, alcalde del distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, en Cajamarca, quien era uno de los dirigentes que se oponía a la actividad minera de la empresa Río Blanco Copper. El dirigente falleció el 16 de julio del 2010, en sospechosas circunstancias.
Pese a que la Policía Nacional afirmó que el burgomaestre falleció como consecuencia de un accidente vehicular, los resultados de la necropsia de ley indicaron que Mijahuanca tenía signos de haber sufrido un “estrangulamiento mecánico”. El caso aún no ha sido resuelto. (Todo sobre Río Blanco)
Hace unos días realicé una entrevista a Javier Jahncke, representante de FEDEPAZ, quien conoce muy de cerca los problemas de la zona. Él expresa su preocupación por la inacción de las autoridades porque no existe una fuerza dedicada especialmente a supervisar este tema y tampoco tienen los elementos necesarios para actuar. Pero la denuncia más grave es que en la práctica, la minería informal está auspiciada por la minería formal. (min 03:56)
Les presento la entrevista al especialista Javier Jahncke, que realicé para el programa radial Tierra Fecunda del CEPES.
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