¡Y se hizo la luz…!

Tras décadas de vivir con fuentes de energía precarias, decenas de poblados de las zonas rurales más alejadas del país cuentan hoy con energía eléctrica gracias a la instalación de microcentrales hidroeléctricas.

Los habitantes de Tamborapa Pueblo no lo podían creer: la electricidad había llegado. En aquella alejada zona rural de Jaén (Cajamarca), los pobladores se habían acostumbrado a las velas, las pilas y las lámparas de kerosene. Eran fines de la década de los noventa y, por primera vez en sus vidas, por fin podían encender un foco en su casa o enchufar la radio para escuchar el esperado partido de fútbol. En 2007, así como Tamborapa, otros poblados rurales de Cajamarca, Piura, Lambayeque y Ayacucho cuentan con energía eléctrica gracias a la construcción de 52 microcentrales hidroeléctricas que, como parte del Proyecto de Energías Renovables, ha desarrollado en todos estos años la ONG inglesa, con sede en el Perú, ITDG (Intermediate Technology Development Group, por sus siglas en inglés).

El problema que atravesaban dichas comunidades era tan claro como la luz que no tenían: la falta de acceso a servicios de energía eléctrica limitaba su desarrollo económico, contribuyendo, entre otras cosas, a generar una alta tasa de migración. Como estas comunidades se encuentran en zonas remotas, los costos para conectarse a la red eléctrica nacional son muy altos y poco rentables para el Estado o las empresas privadas. ITDG encontró una alternativa: aplicar el principio de las grandes centrales hidroeléctricas, pero a pequeña escala, a través de la tecnología de las microcentrales. Como explica el ingeniero mecánico Celso Dávila —coordinador del proyecto—, el sistema permite aprovechar el agua de ríos y quebradas para producir electricidad por medio de turbinas hidráulicas y generadores.

La fortaleza del proyecto no es solo tecnológica, sino social. Las poblaciones beneficiarias participan activamente, asumiendo los costos de instalación y encargándose ellas mismas del manejo y mantenimiento de las microcentrales. Para ello, el proyecto capacita y organiza a los pobladores, quienes forman pequeñas empresas. Como afirma Dávila, «los pobladores se involucran y sienten que el proyecto es suyo».

Para financiar esta iniciativa, ITDG creó —con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— el Fondo de Promoción de Energías Renovables, que entrega un crédito en dólares (a una tasa de interés anual de 8%) que se utiliza para la construcción de la microcentral. «El crédito que se entrega a la comunidad representa un 25% del costo total de la obra», manifiesta Dávila. El resto se completa con donaciones o aportes provenientes del extranjero.

Con la tecnología desarrollada por ITDG —si comparamos los costos de instalación actuales con los de años anteriores o con lo que costaría la interconexión a la red nacional—, los costos resultan manejables. Por ejemplo, un equipo de 400 vatios, suficiente para dar energía a ocho familias, cuesta U$400. Sin embargo, como cualquier tecnología, los equipos requieren mantenimiento.


La sostenibilidad del proyecto, por ello, depende de una tarifa por el servicio. «Hacemos una evaluación del poder adquisitivo de los pobladores y de cuánto podrían pagar», explica Dávila. En zonas pobres, se fija una tarifa mensual de entre S/.5 y S/.15. Así, las empresas de la comunidad, que gestionan las microcentrales, pueden generar los recursos necesarios para mantener los equipos.

De acuerdo con ITDG, uno de los primeros beneficios de contar con energía eléctrica es que la población deja de utilizar las clásicas lámparas de kerosene, dañinas para la salud y el medio ambiente. Niños y profesores pueden estudiar y preparar sus clases, respectivamente, en horas de la noche, sin tener que depender de la escasa visibilidad de una vela; y las escuelas pueden usar computadoras, fotocopiadoras y televisores. La migración ha disminuido.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº90, diciembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra90/LRA90-32.pdf

TLC: Se sienten pasos

La emoción de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y de los representantes del gobierno peruano tras conocer la aprobación del TLC por la Cámara de Representantes de EE.UU., son fiel reflejo de la política asumida por este gobierno frente al controvertido acuerdo: que se apruebe sí o sí.

Cual Papa Noel cargado de regalos, el mes de diciembre traería al sector agropecuario un obsequio navideño que nunca pidió y, menos aún, deseó: la aprobación en el Congreso norteamericano del acuerdo de promoción comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos. A pesar de los «beneficios» que se le atribuyen al tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., existe un claro ejemplo que contradice todo lo dicho: México.

Tras trece años de aplicación del acuerdo, el país de los mariachis no ha logrado solucionar sus problemas de pobreza y desempleo; más aún, ha perdido dos millones de empleos agropecuarios, y cada año migran hacia EE.UU. 300 mil personas de las zonas rurales. Para colmo, el maíz, riqueza cultural y base de la alimentación mexicana, ha sufrido un incremento de precios, producto no solo de la fiebre por los biocombustibles, sino también de la apertura de las fronteras al encarecido y subsidiado maíz norteamericano. En el Perú, los impactos serían, con toda probabilidad, similares. Y es que se estima que las pérdidas para el sector rural podrían superar los cien millones de dólares al año si los sectores productivos no reaccionan o no pueden reconvertir sus cultivos hacia actividades más rentables.

Aunque las autoridades peruanas solo tienen palabras de halago para el TLC, en EE.UU. hay voces críticas. La senadora demócrata, Hillary Clinton, gran favorita para ganar las elecciones presidenciales el próximo año, ha criticado el TLC de su país con México y ha pedido revisar todos los acuerdos comerciales de EE.UU., entre ellos con el Perú. Una declaración que ha caído como baldazo de agua fría a las autoridades peruanas.

¿Entregando el mercado interno?

Para seguir con el ejemplo del maíz, cerca de 200 mil familias se dedican en el Perú a este cultivo, en una superficie de 287 mil hectáreas. La cosecha nacional de maíz amarillo fue de un millón de toneladas en 2006, mientras que la importación llegó a un millón 487 mil toneladas. Pero ahora el maíz nacional debe enfrentarse sin barreras al maíz estadounidense, que recibe un subsidio de US$9 mil millones anuales. «El TLC significará la desaparición del maíz nacional», prevé el dirigente maicero Flavio Moreno. Y este es un problema que deberán afrontar también el arroz, el trigo, la cebada, el algodón, los lácteos y las carnes. Para colmo, la reciente rebaja de aranceles de varios productos agropecuarios adelantó en muchos casos la desgravación y debilitó nuestras posibilidades de negociación.

En palabras del economista Pedro Francke, «es como si hubiéramos otorgado medio TLC a todo el mundo, sin pedir nada a cambio». ¿Y las compensaciones?, dirán algunos. Más allá de que resulta poco claro cómo se otorgarán, ellas están diseñadas para atender solo a los productores de algodón, maíz amarillo y trigo, sin considerar a otros cultivos. En un principio se habló de S/.112 millones anuales, pero las organizaciones agrarias calificaron esta cantidad de «irrisoria», amén de cuestionar el sistema mismo. Y el precedente mexicano no ayuda precisamente a calmar los ánimos. «Las compensaciones no contribuyeron a que el campo mexicano lograra una transformación productiva», ha señalado el economista de GRADE, Javier Escobal, en el marco del debate que generó en 2005 el anuncio del plan de compensaciones para los sectores considerados ‘sensibles’ en la negociación comercial entre Perú y EE.UU. «Solo una pequeña parte terminó en las manos de los pequeños agricultores, y aquí corremos el mismo riesgo», advirtió.

El proceso

Pero si finalmente el Congreso norteamericano aprueba el acuerdo en diciembre, ¿cuánto tardará en implementarse? Según el asesor especial para la ratificación del TLC, David Lemor, el proceso tiene un plazo máximo de seis a ocho meses, es decir, hasta julio del próximo año. Y si su implementación se demora, también podría atrasarse su entrada en vigencia, porque, después de ello, advierte Lemor, «estaríamos entrando a una zona de peligro por las elecciones presidenciales en Estados Unidos».

Luego viene un proceso de certificación por ambos países, que deben supervisar que todo esté conforme al texto del acuerdo. Esto podría demorar un mes, antes del anuncio oficial de la entrada en vigencia del TLC, entre agosto y setiembre de 2008. El tiempo resulta harto insuficiente para preparar al sector agrario. Como asevera Francke, «el gobierno no tiene ningún plan para el agro, ningún plan que permita hacer frente a los efectos del TLC».

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº89, noviembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra89/LRA89-13-14.pdf

¿Campo fértil para la sindicalización agraria?

El TLC con EE.UU. podría traer vientos de cambio en el olvidado sector laboral agrario. Sin embargo, parece que en las empresas agroexportadoras persiste una actitud antisindical.

«Con el TLC, la libre sindicalización se ejercerá con plenitud y se crearán más sindicatos», anunciaba el premier Jorge del Castillo. Sustentaba su argumentación en la adenda sobre temas laborales que, gracias a la presión del Partido Demócrata y los sindicatos norteamericanos, se incorporó al finalizar la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. Fue una adenda propuesta ante el temor que generaba una eventual pérdida de puestos de trabajo en EE.UU., producto de la eventual migración de la industria estadounidense hacia el Perú, por los bajos salarios.

Actuando conforme al compromiso asumido, el Ejecutivo inició las primeras modificaciones a la legislación laboral, y buena parte del empresariado peruano puso el grito en el cielo ante lo que consideraron un «atropello» del statu quo imperante. Frente a esta coyuntura y tomando en cuenta la formación de grandes empresas agroexportadoras en la costa peruana, el proceso de sindicalización en el sector agrario recobra importancia como mecanismo fundamental para buscar puntos de encuentro entre trabajador y empleador.

Pero las condiciones actuales de sindicalización no son precisamente buenas. «Hasta hace cuatro meses, no existía ningún sindicato en la agroindustria», afirma la socióloga Karim Flores, de la Asociación Aurora Vivar, señalando que en las empresas agroexportadoras predomina una actitud antisindical que reprime todo intento de organización, situación agravada porque el Estado no cumple con su rol protector y fiscalizador. Flores precisa que, al 2005, solo el 1.68% de la actividad agropecuaria estaba sindicalizada.

Sin embargo, en los últimos meses se ha percibido un esfuerzo tenaz por parte de los trabajadores del campo para formar sus propios sindicatos. Hay frutos. En Camposol, por ejemplo, tras una serie de movilizaciones y un paro de tres días, se logró formar un sindicato que finalmente fue reconocido por la empresa. Este movimiento se ha expandido a otras empresas de La Libertad, y hoy ya se han formado sindicatos en las empresas Ecus S.A.C., Sociedad Agrícola Virú y Talsa.

En Ica, la semilla de la sindicalización también ha germinado en las empresas Coexa y Agrokasa. «Es el único mecanismo que tenemos para defender nuestros derechos», manifiesta Fidencio Gutiérrez, secretario general del flamante sindicato de trabajadores de la empresa agroindustrial Agrokasa. De acuerdo con Eduardo Villalobos, jefe de Administración de Recursos Humanos de esa empresa, los trabajadores son libres de organizarse. Días atrás, empresa y trabajadores firmaron un convenio colectivo que Villalobos cita como ejemplo del respeto que tienen por la ley. Según el dirigente Gutiérrez, este convenio fue producto de la creación del sindicato, que, tras dos meses de negociación, logró beneficios como el incremento de S/.2 en el jornal básico.

Si bien estos son algunos avances, surgen otras preguntas, más generales, y que van más allá del sector agrario: ¿están dadas las condiciones laborales para un TLC en nuestro país? Para Karim Flores, la respuesta es no. «Si actualmente, con el ATPDEA, se han vulnerado los derechos del trabajador, con el TLC el problema se agravaría», sostiene. «A diferencia de otros países, el Perú no tiene una Ley General de Trabajo que contribuya a regular las relaciones laborales». Tan grave laguna legal debería ser subsanada por el Estado, con la celeridad del caso. Y para que el proceso tome cuerpo es importante que el empresariado cobre conciencia de lo vital que es el binomio trabajador-empresario, lo que pasa por el respeto de los derechos laborales.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº88, octubre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra88/LRA88-13.pdf

Alcachofa: del valle del Mantaro al mundo

La producción de alcachofa en el valle del Mantaro muestra que es posible integrar, bajo condiciones justas, a pequeños productores en cadenas productivas.

¿A qué productos agropecuarios debo dedicarme para lograr cierta rentabilidad y mejorar mi calidad de vida? Esa es una pregunta que tal vez muchos pequeños agricultores del país se hacen con frecuencia. Si bien la exportación no es la única respuesta, la experiencia de las alcachofas del valle del Mantaro, que se venden a EE.UU. y Europa, muestra que en muchos casos el exterior puede ser un buen camino. En 1999, la primera exportación de alcachofas fue de US$33 mil, y el año pasado las ventas alcanzaron los US$65 millones. El Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, PRA, iniciativa financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha jugado un papel importante en este salto. Más allá de las cifras, lo principal es que a través de la exportación de alcachofa el proyecto ha logrado generar empleo y elevar el nivel de vida de 138 familias de pequeños productores.
Paso a paso

José Iturrios, director del PRA, explica que el primer paso fue identificar la demanda de alcachofa. «Hace cuatro años, varias empresas requerían del cultivo en temporadas de calor, justo cuando en la costa no se cosecha alcachofa. En el valle del Mantaro, la única zona que producía era Concepción; por eso abrimos la siembra a otras zonas, como Chupaca», cuenta. Necesitaban alcachofa con espina y sin espina, pero con una calidad adecuada para las empresas que exportan conservas de ese vegetal. Miguel Zegarra, gestor de negocios del PRA en el Centro de Servicios Económicos (CSE) de Huancayo, indica que el paso siguiente fue convencer a los agricultores. «El productor tradicional tenía que pasar de una economía de subsistencia o de mercado local, hacia una agricultura de contrato», indica. Propiciar el cambio no fue fácil, y se tuvo que enfrentar la compleja realidad agraria del país, dominada por el minifundio. «Tuvimos que identificar a productores, con un mínimo de una hectárea, para aglutinar una base productiva importante», manifiesta Zegarra, quien recuerda que, además, la alcachofa es un sembrío de costos muy altos.

Aquí el proyecto se encargó de brindar capacitación en buenas prácticas agrícolas, riego, manejo de cultivo, procesos de cosecha y post cosecha, así como exigencias de calidad. Manuel Orellana, dirigente de la Asociación de Productores de Alcachofa del valle del Mantaro, fue uno de los primeros productores en sembrar alcachofa. «Las empresas compradoras nos aseguraron un precio fijo por docenas, y una rentabilidad que se incrementaría año tras año».

Desafiando el financiamiento

El otro gran problema fue el financiamiento. Pocos agricultores cumplían los requisitos de las cajas rurales y los bancos, por lo que las propias empresas que demandaban el producto tuvieron que financiar buena parte de los costos de producción, como los esquejes o plantones, y los fertilizantes. En la actualidad, los productores que trabajan en el proyecto aseguran el financiamiento gracias a Cofide, que incluso cobra una tasa de interés que es la cuarta parte de lo que cobran las cajas rurales o los bancos, según explica Miguel Zegarra. Solo después de superar estos obstáculos es que se logró el crecimiento exportador que hoy beneficia a numerosas familias agricultoras.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº87, setiembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra87/LRA87-16.pdf

Trigo: ¿A quién favorece la eliminación de los aranceles?

El gobierno redujo los aranceles a la importación de dos cultivos estratégicos para el agro: el trigo y el maíz amarillo. Sin embargo, al tratar este tema es inevitable tocar algunos vergonzosos antecedentes.

Para cualquier agricultor será difícil olvidar el famoso vladivideo, grabado en junio de 1999, donde el empresario Dionisio Romero dialoga con Vladimiro Montesinos sobre el arancel del trigo. Allí, el propietario del Banco de Crédito y Alicorp —la empresa distribuidora de harina y fideos elaborados con trigo importado— le propone a Montesinos que interceda para que el gobierno baje de 25% a 12% el arancel al trigo importado.

«Un temita del interés de mi bolsillo», dijo Dionisio Romero.En ese momento la rebaja del arancel representaba un ahorro de US$60 millones al año para los importadores de trigo (LRA 29, octubre de 2001). A ocho años del famoso vladivideo, cabe preguntarse: ¿quién ganó en esa oportunidad con la reducción de los aranceles al trigo?

Toda repetición es una ofensa

Ahora, en 2007, el gobierno aprobó dos medidas. El pasado 9 de julio publicó el Decreto Supremo 091-2007-EF, donde reduce de 12% a 10% el arancel ad valorem CIF al trigo en grano y al maíz amarillo, además de eliminar la sobretasa transitoria de 5% para las partidas de trigo. Como si esto no fuera suficiente, días después, el 19 de julio, el gobierno publicó otro decreto supremo, el 105-2007-EF, que elimina definitivamente los aranceles al trigo y a la harina de trigo (0%). Según las autoridades, la intención es evitar que aumenten los precios de sus derivados: la harina, los fideos, el pan y la carne de pollo y huevos, para no afectar a los consumidores.

Como no podía ser de otra forma, el presidente del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias, Alejandro Daly, saludó la decisión. «El precio del trigo en el mercado internacional se sigue manteniendo alto. La medida dada por el gobierno va a favor del consumidor, porque están subiendo los precios de las materias primas de primera necesidad», afirma Daly.

Sin embargo, la enérgica protesta de los productores de trigo no se hizo esperar. «El pan no ha bajado. De nada ha servido quitar los aranceles», expresa Fidel Alpaca, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Trigo, Cebada y Sucedáneos (APETRICES). «Los aranceles son como una reja de protección que uno pone en su casa para que un extraño no entre tan fácilmente. Sin embargo, al rebajar el arancel, el trigo extranjero ingresará con facilidad», explica.

¿Quién gana? ¿Quién pierde?

La reducción del arancel demuestra una vez más que las prioridades del gobierno se encuentran en el electorado urbano. La medida pretende ser antiinflacionaria; sin embargo, esto es cuestionable, ya que la posición de dominio de los oligopolios molineros probablemente les permitirá trasladar gran parte de este ahorro a sus márgenes de ganancia, en vez de beneficiar al consumidor con precios más bajos.

El gobierno repite el error de los años 1997- 1998, al impedir que los precios altos del mercado internacional se reflejen en el mercado interno. Evita así que los productores locales del cereal puedan obtener mayores precios en chacra. «Además, el trigo de Estados Unidos y Canadá recibe millonarios subsidios. Por eso compite de manera desleal con nuestra cosecha», explica Fidel Alpaca.

Es cierto que en la actualidad los precios del trigo se encuentran altos, pero los productores afirman que eso es coyuntural y que se debe a la actual escasez del cultivo en el mundo, lo cual eleva su precio. El 24 de agosto los precios mundiales de exportación de trigo registraron cifras récord: US$287 por tonelada en Estados Unidos y US$342 en Europa. En el puerto del Callao, el precio CIF llegó en junio y julio a US$285, y se han efectuado compras para setiembre a US$320. Sin embargo, esta situación se da en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo la reducción de aranceles aumentará la vulnerabilidad de los productores locales de sustitutos directos e indirectos.

¿Qué pasará si se da una eventual caída de los precios internacionales? La respuesta es obvia: no se contaría con un mecanismo de protección adecuado, por haberse desmantelado el existente.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº86, agosto 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-16.pdf

Educación y salud: ¿un año perdido?

Agosto de 2007. Un salón de clases en algún rincón del Perú rural. Las paredes corroídas y las carpetas estropeadas sirven de telón de fondo para la clase que dicta un profesor mal pagado y agredido verbalmente por el presidente de su propio país. Los pocos alumnos que aún conserva y que no han abandonado los estudios, siguen teniendo enormes dificultades para leer, y sufren de desnutrición. La cruda realidad de un salón de clases humilde no parece haber cambiado mucho desde que Alan García fuera elegido presidente. A más de un año de gobierno aprista, la pregunta es: más allá del tenso conflicto entre el gobierno central y el magisterio, más allá de agendas postergadas, como la tan anunciada descentralización de la educación, ¿cuenta el país con una política educativa coherente e incluyente, que acabe con esta situación?

En el papel, la respuesta es sí. En enero de 2007, en un hecho aplaudido por los especialistas, se aprobó el Proyecto Educativo Nacional (PEN), un conjunto de políticas educativas con miras al año 2021, que fue elaborado de manera pluralista, y en donde el Consejo Nacional de Educación tuvo una destacada participación. En la práctica, sin embargo, el PEN no se está ejecutando. El Instituto de Pedagogía Popular (IPP) analizó 53 políticas educativas señaladas por el gobierno y encontró que sólo siete cuentan con un presupuesto específico, y únicamente en 22 –menos de la mitad— se ha ejecutado alguna acción. Treinta y cinco medidas anunciadas por el gobierno han sido sólo eso: simples anuncios, y aún no se establecen presupuestos.

Esta resolución, promulgada en enero pasado, norma el proceso de admisión a los institutos pedagógicos públicos y privados. Su noble propósito es asegurar que los futuros docentes que ingresen a estudiar en dichos institutos cuenten con un buen nivel de educación previo. Aunque de primera impresión la medida puede sonar bien, el hecho es que la norma reduce las posibilidades de los jóvenes indígenas de acceder a los institutos pedagógicos. «La pésima calidad de la educación que brinda el Estado hace que sea altamente probable que pocos o ningún postulante de los pueblos indígenas logre aprobar el examen del MED», afirma la antropóloga y educadora Lucy Trapnell, experta en educación bilingüe intercultural. «La norma marcaría el inicio del fin de la educación intercultural bilingüe en la Amazonía peruana». ¿Y el gobierno está hablando de inclusión?

En su mensaje del 28 de julio, el presidente Alan García anunció que hacia fin de año se alfabetizará en todo el Perú a más de 591 mil personas, un anuncio que pone de manifiesto la importancia que su gobierno le da a la lucha contra el analfabetismo. «La voluntad del gobierno existe; y, de hecho, el gobierno aprista ha avanzado en conformar núcleos de alfabetización en regiones como Ayacucho y Huancavelica», comenta el investigador del IPP, Sigfredo Chiroque. «Pero, evidentemente, no se están atacando las verdaderas causas que originan el analfabetismo, señaladas en el PEN». Por ejemplo, la alta tasa de retiro de estudiantes en los primeros años de primaria, cuando apenas están aprendiendo a leer y escribir. «El analfabetismo es como una inundación. El gobierno sólo está limpiando el charco de agua, pero no está cerrando el caño que provoca la inundación», concluye Chiroque.

¿Quién cura al sector salud?

La situación en el sector salud no es mejor. «Hemos perdido un año para llevar adelante las transformaciones indispensables que se requieren en el sector salud», sostiene el doctor Julio Castro Gómez, actual coordinador nacional del Foro Salud. Entre las reformas que brillaron por su ausencia este primer año de gobierno está, por ejemplo, la integración del sector. «Salud no puede continuar siendo un sector donde existen diversos segmentos, como el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, los gobiernos regionales, etc.», explica el doctor Castro. «La dispersión que existe en el sistema de salud no permite un mejor uso de los recursos, y así es imposible alcanzar las metas nacionales».

Tampoco se ha avanzado mucho en la descentralización del sector, a pesar de la promesa presidencial de que a fines de 2007 se concluirá la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, y a pesar también de la anunciada municipalización de la salud —un proceso complejo que deberá tomar en cuenta las peculiaridades de los más de 190 municipios provinciales y 1,800 distritales del país—. De acuerdo con el doctor Castro, el proceso de descentralización es contradictorio y trabado. «Si se transfieren postas y centros de salud con equipamiento limitado, sin personal profesional o técnico adecuado, y sin presupuesto, ¿podrán asumir los municipios la función administrativa del sector salud en estas condiciones?», se pregunta.

Realidad al descubierto

Esta realidad de los centros de salud quedó al descubierto en la zona afectada por el terremoto del pasado 15 de agosto. Pero la realidad difícilmente podía ser de otra manera, dado el ínfimo presupuesto que recibe el sector salud, que en la actualidad apenas llega al 1.6% del PBI —colocando al Perú como el país de América Latina que menos recursos destina a ese sector—. En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo debe enviar su propuesta de presupuesto para 2008, la que se espera alcance por lo menos a superar el 2.5 % del PBI.

Un paso fundamental para la gran reforma del sector salud es el anhelado proyecto de Aseguramiento Universal Sostenible, que, según ha anunciado el presidente García, será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso como parte de «la revolución de la salud». Un punto central en este proyecto es el subsidio público total o parcial de la atención médica a las personas cuyos ingresos se encuentren por debajo del mínimo legal. El actual seguro sólo atiende al 17% de la población económicamente activa (PEA). El presidente García, sin embargo, todavía no ha explicado en detalle cómo funcionará el aseguramiento universal. «Sólo ha prometido que pronto enviará un proyecto de ley al Congreso, donde ya existen siete proyectos de ley de las diversas bancadas, incluyendo la aprista», advierte el doctor Herberth Cuba García, vocero de la Asociación Médica Peruana.

Ante este panorama, el especialista Pedro Francke concluye que el gobierno no tiene una visión estratégica en el tema del aseguramiento universal, y que los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos se encuentran ausentes de la política de salud. «Las iniciativas que se han dado en el sector son aisladas y se encuentran dentro de un marco de poco presupuesto y de la inexistencia de un plan de gobierno».

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº86, agosto 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-05-06.pdf