26 julio, 2014

«Es preocupante que sectores protransgénicos presionen para que no se cumpla la Ley de Moratoria».


Entrevista a Luis Gomero Osorio, coordinador nacional ejecutivo de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), sobre los actuales problemas en la implementación de la Ley de Moratoria al ingreso de transgénicos en el Perú.

En diciembre de 2011 se aprobó la Ley de Moratoria al ingreso de los transgénicos, por un plazo de diez años. A más de dos años de esa aprobación, ¿se está cumpliendo la ley? ¿Se está aplicando de manera adecuada?


Ya pasamos el 25% del tiempo establecido por la Ley de Moratoria, Ley 29811; nos quedan menos de ocho años para cumplir con las metas establecidas en ella. Esta norma nació gracias a la presión ciudadana, con la finalidad de prohibir el ingreso de los transgénicos debido a los riesgos que implican para nuestra agrobiodiversidad. La Comisión Multisectorial de Asesoramiento es la instancia encargada de implementar la Ley de Moratoria. Sin embargo, creo que los avances son muy limitados. Por esa razón, algunas organizaciones de la sociedad civil estamos exigiendo que tanto la ley como su reglamento tengan un proceso de implementación rápido y transparente.

¿Cuáles son las medidas que se deben implementar en el marco de la Ley de Moratoria y que, al parecer, se están aplicando lentamente?

Primero, implementar un sistema de vigilancia a fin de que no ingresen semillas transgénicas por las diferentes fronteras que tenemos; segundo, controlar y monitorear la presencia de transgénicos en nuestras áreas cultivadas; tercero, realizar una línea de base o un inventario de los principales recursos de nuestra agrobiodiversidad (ya se están elaborando inventarios para productos como la papa, el tomate, el algodón y el maíz); por último, desarrollar capacidades, las cuales todavía son muy limitadas. Por ejemplo, no se sabe cómo se están manejando los recursos que se han destinado para poder implementar la Ley de Moratoria. Lo preocupante es que diversos sectores protransgénicos —que ahora forman parte de la comisión multisectorial— están presionando para que no se cumplan los objetivos de la ley. Además, están incidiendo en las autoridades, para pedir su derogatoria.

¿Cuáles son los sectores que están pidiendo la derogatoria de la Ley de Moratoria al ingreso de los transgénicos?

Son personas vinculadas al comercio de las semillas; están ligados a los laboratorios que, de una manera u otra, tienen una vinculación con las grandes empresas trasnacionales. Ellos son los que están tratando de que los transgénicos ingresen al Perú. Por ejemplo, Javier Verástegui, director de Ciencia y Tecnología del Concytec(2), y otros funcionarios actuales, han formado parte de la institución protransgénica PerúBiotec. Ellos ahora están involucrados dentro de la toma de decisiones de la estructura del Estado, básicamente en Concytec. Entonces, es muy poco probable que los funcionarios que han apoyado abiertamente a los transgénicos puedan implementar algo contrario a la posición que tradicionalmente han planteado.

SE NECESITA VOLUNTAD POLÍTICA

¿Cuáles son las autoridades encargadas de aplicar la Ley de Moratoria a los transgénicos?

Es el Ministerio del Ambiente, en trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Desde que se aprobó la ley, ¿qué han hecho dichas autoridades?
Sus avances son muy limitados, especialmente en las metas establecidas por la ley. Por ejemplo, el INIA no está cumpliendo con la tarea que se le asignó: ser la autoridad de control. Además, tiene el problema de que es juez y parte: puede desarrollar transgénicos, pero a la vez es una entidad que controla el ingreso de estos. Por otra parte, si bien el Senasa es la autoridad que tiene la función de vigilar el ingreso de transgénicos a nuestro territorio, lamentablemente no tiene capacidades para hacer el control respectivo.

¿Hablar de la prohibición total del ingreso de semillas transgénicas al Perú no es demasiado irreal? ¿Es posible limitar el ingreso del 100% de estas semillas?

Definitivamente, no es sencillo ejercer el control total del ingreso de semillas; siempre hay un riesgo. Por ello, reitero que debe establecerse un sistema de control del ingreso de transgénicos a nivel nacional. Se tienen que poner en funcionamiento los mecanismos establecidos por la Ley de Moratoria de transgénicos. Además, debemos convencer a todos los actores involucrados de que el Perú tiene que estar libre de transgénicos, por lo menos durante los diez años que establece la ley. Si no hacemos todo esto, el país puede ser una coladera. Nos preocupa que, hasta el momento, no se hayan establecido las sanciones para la importación de transgénicos. Hay un vacío.

¿Cuál de las autoridades tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos de sanción? ¿Quién no está cumpliendo su papel?

Estos mecanismos tienen que ser elaborados por el INIA y el Senasa; sin embargo, se necesita una voluntad política sobre el tema. Lo que sucede es que algunas instituciones del Estado no son proactivas porque siempre han mantenido una posición a favor de los transgénicos. Por esa razón, algunas de ellas se han convertido en una barrera para avanzar en los objetivos que establece la Ley de Moratoria. El ejemplo más claro es el INIA, que es juez y parte.

Ante la falta de mecanismos de control, vigilancia y sanción al ingreso de transgénicos, ¿cuáles son los riesgos para el territorio peruano?

Un primer riesgo es que, si el proceso general no funciona, algunos sectores usarán esto como una justificación para decir que la ley no tiene relevancia para el cuidado de la agrobiodiversidad; por lo tanto, afirmarán que la ley es una barrera para la inversión en el agro y pedirán su derogación. Es lo que está sucediendo actualmente. Hay un sector muy involucrado en ese proceso, que se ha ubicado en las diferentes instancias de la estructura del Estado y está haciendo un trabajo para socavar la vigencia de la ley. Un segundo riesgo se origina en el hecho de que el actual proceso de implementación es muy lento. ¡No se están estableciendo mecanismos normativos básicos y protocolos para que los diferentes actores puedan proceder! Eso también es una barrera. Todos los mecanismos deben estar claramente escritos y aprobados oficialmente para que puedan implementarse, y eso no se está produciendo.

EL CASO DEL MAÍZ AMARILLO DURO

El maíz amarillo duro, nacional o importado, es uno de los productos de mayor importancia porque abastece a la industria avícola. ¿Se están usando semillas transgénicas de maíz amarillo duro para cultivar en el territorio peruano?

No, por ahora. Además, legalmente no debería existir maíz transgénico. Lo que ahora se está sembrando son maíces híbridos, que son de muy buena calidad y sumamente competitivos. Por ejemplo, en Lambayeque, el rendimiento promedio está llegando a 12 toneladas métricas por hectárea; es decir, por ese lado ni siquiera necesitaríamos transgénicos. Hasta el mismo INIA ha desarrollado un maíz híbrido de alta performance y de buen desempeño en productividad. En ese nivel no hay ninguna amenaza. Los problemas en la producción de maíz son otros y no tienen nada que ver con la semilla: falta de asistencia técnica para mejorar la productividad, poco acceso a créditos, a fertilización, a la cadena de comercialización, entre otros.

La industria avícola adquiere una gran cantidad de maíz amarillo duro importado. Incluso, se habla de cerca de dos millones de toneladas anuales. ¿Este maíz importado es producto de una semilla transgénica?

Sí, se ha evidenciado que una parte de ese maíz es de origen transgénico. Por esa razón, se está pidiendo su etiquetado, porque dicho maíz viene con fines de alimentación de las aves y, posteriormente, para la alimentación de los humanos. El etiquetado es la única forma de control para conocer si un producto tiene origen transgénico. Ese es otro tema pendiente. Lamentablemente, no se ha aprobado el reglamento para el etiquetado, a pesar de que fue consensuado a través de muchas reuniones y quedó listo para ser firmado por el presidente de la Republica, Ollanta Humala. Sin embargo, al parecer, hubo reacciones negativas por parte de los agroindustriales y el reglamento quedó encarpetado. Solo falta la voluntad política para su aprobación.

Notas
1 Periodista. Editor de La Revista Agraria.
2 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

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