UNO. El proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Consulta ha sido apresurado, en un ambiente raro, desnudando la falta de experiencia de los funcionarios que organizaron los talleres macroregionales donde se discutió el borrador del reglamento. Los talleres tuvieron serios problemas logísticos que causaron la incomodidad de las delegaciones indígenas. Desde las precarias condiciones de hospedaje hasta la ineficiente metodología de trabajo para realizar los talleres. No hubo una discusión profunda sobre el reglamento. Todo esto llevó a que varias organizaciones indígenas empezaran a dudar de la buena fe del Estado. A dudar si verdaderamente le importa la opinión del pueblo indígena.
DOS. El proceso de elaboración no fue horizontal. Muchos han descrito las reuniones como verticales, fomentando una recepción pasiva de los delegados. Además, los talleres se realizaron no para consultar a los pueblos indígenas sino solamente para informar. Desde un inicio esa fue la confusión o ambigüedad en torno a los talleres macroregionales. Varios funcionarios informaron que los talleres solamente eran informativos o de simple evaluación. Y claro, no vinculante. Es decir, las delegaciones indígenas podían opinar y proponer sin que eso garantice que se les haga caso. Con voz pero sin voto.
TRES. Ha faltado información y publicidad sobre el borrador del reglamento. No se han realizado campañas de difusión masiva dirigida a los pueblos indígenas para explicar las implicancias del reglamento. Ni la población ni los dirigentes han escuchado sobre el tema en la radio o en la televisión. Ni qué decir de los periódicos. Es un reglamento que solo se ha discutido a nivel de élite. Y para colmo los afiches elaborados por el ministerio de Cultura han infantilizado la imagen de los indígenas, utilizando caricaturas, tal como vemos en la imagen izquierda que complementa esta columna, provocando una nueva incomodidad a las delegaciones. Como si el Estado quisiera negar o invisibilizar la imagen derecha, la de la protesta. Cabe preguntarse: ¿Cuál es la imagen que tienen los funcionarios del Estado de los heterogéneos pueblos indígenas? ¿Cuáles son los prejuicios que existen en ambas partes detrás del diálogo intercultural?
CUATRO: La Ley tiene varias carencias. Según expertos y dirigentes indígenas, la ley no responde a los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, tal como el Convenio 169 de la OIT. Por ello algunas organizaciones proponen que se posponga la aprobación del reglamento y que primero se modifique varios artículos fundamentales y estratégicos de la Ley de Consulta. ¿Cómo aprobar un reglamento si antes no se ha terminado de corregir la ley?, se preguntan los líderes indígenas. Uno de los temas que piden modificar es el tema del consentimiento. ¿Los pueblos indígenas deben tener derecho a veto o no? Esa es la pregunta del millón. Es un pedido que –en medio de la actual coyuntura- el gobierno de Humala difícilmente aceptará.
CINCO. Si a pesar de estos problemas, el gobierno insiste en aprobar el reglamento de la Ley de Consulta, esto significaría hacerlo sin el aval de varias importantes organizaciones indígenas como Aidesep, CNA, Conacami, y otras. Esta decisión arbitraria iría en contra precisamente del espíritu de la ley: el de realizar un diálogo de buena fe, donde las decisiones no se impongan a la mala y desafiando la opinión de las poblaciones involucradas. Para el país no es conveniente aprobar un reglamento ilegitimo y que ha sido construido a partir de un diálogo poco horizontal y con distorsiones. Apresurar su aprobación significaría provocar nuevamente la movilización social de los indígenas, y sumir al Perú en un nuevo conflicto social.
