Alcachofa: del valle del Mantaro al mundo

La producción de alcachofa en el valle del Mantaro muestra que es posible integrar, bajo condiciones justas, a pequeños productores en cadenas productivas.

¿A qué productos agropecuarios debo dedicarme para lograr cierta rentabilidad y mejorar mi calidad de vida? Esa es una pregunta que tal vez muchos pequeños agricultores del país se hacen con frecuencia. Si bien la exportación no es la única respuesta, la experiencia de las alcachofas del valle del Mantaro, que se venden a EE.UU. y Europa, muestra que en muchos casos el exterior puede ser un buen camino. En 1999, la primera exportación de alcachofas fue de US$33 mil, y el año pasado las ventas alcanzaron los US$65 millones. El Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, PRA, iniciativa financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha jugado un papel importante en este salto. Más allá de las cifras, lo principal es que a través de la exportación de alcachofa el proyecto ha logrado generar empleo y elevar el nivel de vida de 138 familias de pequeños productores.
Paso a paso

José Iturrios, director del PRA, explica que el primer paso fue identificar la demanda de alcachofa. «Hace cuatro años, varias empresas requerían del cultivo en temporadas de calor, justo cuando en la costa no se cosecha alcachofa. En el valle del Mantaro, la única zona que producía era Concepción; por eso abrimos la siembra a otras zonas, como Chupaca», cuenta. Necesitaban alcachofa con espina y sin espina, pero con una calidad adecuada para las empresas que exportan conservas de ese vegetal. Miguel Zegarra, gestor de negocios del PRA en el Centro de Servicios Económicos (CSE) de Huancayo, indica que el paso siguiente fue convencer a los agricultores. «El productor tradicional tenía que pasar de una economía de subsistencia o de mercado local, hacia una agricultura de contrato», indica. Propiciar el cambio no fue fácil, y se tuvo que enfrentar la compleja realidad agraria del país, dominada por el minifundio. «Tuvimos que identificar a productores, con un mínimo de una hectárea, para aglutinar una base productiva importante», manifiesta Zegarra, quien recuerda que, además, la alcachofa es un sembrío de costos muy altos.

Aquí el proyecto se encargó de brindar capacitación en buenas prácticas agrícolas, riego, manejo de cultivo, procesos de cosecha y post cosecha, así como exigencias de calidad. Manuel Orellana, dirigente de la Asociación de Productores de Alcachofa del valle del Mantaro, fue uno de los primeros productores en sembrar alcachofa. «Las empresas compradoras nos aseguraron un precio fijo por docenas, y una rentabilidad que se incrementaría año tras año».

Desafiando el financiamiento

El otro gran problema fue el financiamiento. Pocos agricultores cumplían los requisitos de las cajas rurales y los bancos, por lo que las propias empresas que demandaban el producto tuvieron que financiar buena parte de los costos de producción, como los esquejes o plantones, y los fertilizantes. En la actualidad, los productores que trabajan en el proyecto aseguran el financiamiento gracias a Cofide, que incluso cobra una tasa de interés que es la cuarta parte de lo que cobran las cajas rurales o los bancos, según explica Miguel Zegarra. Solo después de superar estos obstáculos es que se logró el crecimiento exportador que hoy beneficia a numerosas familias agricultoras.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº87, setiembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra87/LRA87-16.pdf

Trigo: ¿A quién favorece la eliminación de los aranceles?

El gobierno redujo los aranceles a la importación de dos cultivos estratégicos para el agro: el trigo y el maíz amarillo. Sin embargo, al tratar este tema es inevitable tocar algunos vergonzosos antecedentes.

Para cualquier agricultor será difícil olvidar el famoso vladivideo, grabado en junio de 1999, donde el empresario Dionisio Romero dialoga con Vladimiro Montesinos sobre el arancel del trigo. Allí, el propietario del Banco de Crédito y Alicorp —la empresa distribuidora de harina y fideos elaborados con trigo importado— le propone a Montesinos que interceda para que el gobierno baje de 25% a 12% el arancel al trigo importado.

«Un temita del interés de mi bolsillo», dijo Dionisio Romero.En ese momento la rebaja del arancel representaba un ahorro de US$60 millones al año para los importadores de trigo (LRA 29, octubre de 2001). A ocho años del famoso vladivideo, cabe preguntarse: ¿quién ganó en esa oportunidad con la reducción de los aranceles al trigo?

Toda repetición es una ofensa

Ahora, en 2007, el gobierno aprobó dos medidas. El pasado 9 de julio publicó el Decreto Supremo 091-2007-EF, donde reduce de 12% a 10% el arancel ad valorem CIF al trigo en grano y al maíz amarillo, además de eliminar la sobretasa transitoria de 5% para las partidas de trigo. Como si esto no fuera suficiente, días después, el 19 de julio, el gobierno publicó otro decreto supremo, el 105-2007-EF, que elimina definitivamente los aranceles al trigo y a la harina de trigo (0%). Según las autoridades, la intención es evitar que aumenten los precios de sus derivados: la harina, los fideos, el pan y la carne de pollo y huevos, para no afectar a los consumidores.

Como no podía ser de otra forma, el presidente del Comité de Molinos de Trigo de la Sociedad Nacional de Industrias, Alejandro Daly, saludó la decisión. «El precio del trigo en el mercado internacional se sigue manteniendo alto. La medida dada por el gobierno va a favor del consumidor, porque están subiendo los precios de las materias primas de primera necesidad», afirma Daly.

Sin embargo, la enérgica protesta de los productores de trigo no se hizo esperar. «El pan no ha bajado. De nada ha servido quitar los aranceles», expresa Fidel Alpaca, presidente de la Asociación Peruana de Productores de Trigo, Cebada y Sucedáneos (APETRICES). «Los aranceles son como una reja de protección que uno pone en su casa para que un extraño no entre tan fácilmente. Sin embargo, al rebajar el arancel, el trigo extranjero ingresará con facilidad», explica.

¿Quién gana? ¿Quién pierde?

La reducción del arancel demuestra una vez más que las prioridades del gobierno se encuentran en el electorado urbano. La medida pretende ser antiinflacionaria; sin embargo, esto es cuestionable, ya que la posición de dominio de los oligopolios molineros probablemente les permitirá trasladar gran parte de este ahorro a sus márgenes de ganancia, en vez de beneficiar al consumidor con precios más bajos.

El gobierno repite el error de los años 1997- 1998, al impedir que los precios altos del mercado internacional se reflejen en el mercado interno. Evita así que los productores locales del cereal puedan obtener mayores precios en chacra. «Además, el trigo de Estados Unidos y Canadá recibe millonarios subsidios. Por eso compite de manera desleal con nuestra cosecha», explica Fidel Alpaca.

Es cierto que en la actualidad los precios del trigo se encuentran altos, pero los productores afirman que eso es coyuntural y que se debe a la actual escasez del cultivo en el mundo, lo cual eleva su precio. El 24 de agosto los precios mundiales de exportación de trigo registraron cifras récord: US$287 por tonelada en Estados Unidos y US$342 en Europa. En el puerto del Callao, el precio CIF llegó en junio y julio a US$285, y se han efectuado compras para setiembre a US$320. Sin embargo, esta situación se da en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo la reducción de aranceles aumentará la vulnerabilidad de los productores locales de sustitutos directos e indirectos.

¿Qué pasará si se da una eventual caída de los precios internacionales? La respuesta es obvia: no se contaría con un mecanismo de protección adecuado, por haberse desmantelado el existente.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº86, agosto 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-16.pdf

Educación y salud: ¿un año perdido?

Agosto de 2007. Un salón de clases en algún rincón del Perú rural. Las paredes corroídas y las carpetas estropeadas sirven de telón de fondo para la clase que dicta un profesor mal pagado y agredido verbalmente por el presidente de su propio país. Los pocos alumnos que aún conserva y que no han abandonado los estudios, siguen teniendo enormes dificultades para leer, y sufren de desnutrición. La cruda realidad de un salón de clases humilde no parece haber cambiado mucho desde que Alan García fuera elegido presidente. A más de un año de gobierno aprista, la pregunta es: más allá del tenso conflicto entre el gobierno central y el magisterio, más allá de agendas postergadas, como la tan anunciada descentralización de la educación, ¿cuenta el país con una política educativa coherente e incluyente, que acabe con esta situación?

En el papel, la respuesta es sí. En enero de 2007, en un hecho aplaudido por los especialistas, se aprobó el Proyecto Educativo Nacional (PEN), un conjunto de políticas educativas con miras al año 2021, que fue elaborado de manera pluralista, y en donde el Consejo Nacional de Educación tuvo una destacada participación. En la práctica, sin embargo, el PEN no se está ejecutando. El Instituto de Pedagogía Popular (IPP) analizó 53 políticas educativas señaladas por el gobierno y encontró que sólo siete cuentan con un presupuesto específico, y únicamente en 22 –menos de la mitad— se ha ejecutado alguna acción. Treinta y cinco medidas anunciadas por el gobierno han sido sólo eso: simples anuncios, y aún no se establecen presupuestos.

Esta resolución, promulgada en enero pasado, norma el proceso de admisión a los institutos pedagógicos públicos y privados. Su noble propósito es asegurar que los futuros docentes que ingresen a estudiar en dichos institutos cuenten con un buen nivel de educación previo. Aunque de primera impresión la medida puede sonar bien, el hecho es que la norma reduce las posibilidades de los jóvenes indígenas de acceder a los institutos pedagógicos. «La pésima calidad de la educación que brinda el Estado hace que sea altamente probable que pocos o ningún postulante de los pueblos indígenas logre aprobar el examen del MED», afirma la antropóloga y educadora Lucy Trapnell, experta en educación bilingüe intercultural. «La norma marcaría el inicio del fin de la educación intercultural bilingüe en la Amazonía peruana». ¿Y el gobierno está hablando de inclusión?

En su mensaje del 28 de julio, el presidente Alan García anunció que hacia fin de año se alfabetizará en todo el Perú a más de 591 mil personas, un anuncio que pone de manifiesto la importancia que su gobierno le da a la lucha contra el analfabetismo. «La voluntad del gobierno existe; y, de hecho, el gobierno aprista ha avanzado en conformar núcleos de alfabetización en regiones como Ayacucho y Huancavelica», comenta el investigador del IPP, Sigfredo Chiroque. «Pero, evidentemente, no se están atacando las verdaderas causas que originan el analfabetismo, señaladas en el PEN». Por ejemplo, la alta tasa de retiro de estudiantes en los primeros años de primaria, cuando apenas están aprendiendo a leer y escribir. «El analfabetismo es como una inundación. El gobierno sólo está limpiando el charco de agua, pero no está cerrando el caño que provoca la inundación», concluye Chiroque.

¿Quién cura al sector salud?

La situación en el sector salud no es mejor. «Hemos perdido un año para llevar adelante las transformaciones indispensables que se requieren en el sector salud», sostiene el doctor Julio Castro Gómez, actual coordinador nacional del Foro Salud. Entre las reformas que brillaron por su ausencia este primer año de gobierno está, por ejemplo, la integración del sector. «Salud no puede continuar siendo un sector donde existen diversos segmentos, como el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, los gobiernos regionales, etc.», explica el doctor Castro. «La dispersión que existe en el sistema de salud no permite un mejor uso de los recursos, y así es imposible alcanzar las metas nacionales».

Tampoco se ha avanzado mucho en la descentralización del sector, a pesar de la promesa presidencial de que a fines de 2007 se concluirá la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, y a pesar también de la anunciada municipalización de la salud —un proceso complejo que deberá tomar en cuenta las peculiaridades de los más de 190 municipios provinciales y 1,800 distritales del país—. De acuerdo con el doctor Castro, el proceso de descentralización es contradictorio y trabado. «Si se transfieren postas y centros de salud con equipamiento limitado, sin personal profesional o técnico adecuado, y sin presupuesto, ¿podrán asumir los municipios la función administrativa del sector salud en estas condiciones?», se pregunta.

Realidad al descubierto

Esta realidad de los centros de salud quedó al descubierto en la zona afectada por el terremoto del pasado 15 de agosto. Pero la realidad difícilmente podía ser de otra manera, dado el ínfimo presupuesto que recibe el sector salud, que en la actualidad apenas llega al 1.6% del PBI —colocando al Perú como el país de América Latina que menos recursos destina a ese sector—. En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo debe enviar su propuesta de presupuesto para 2008, la que se espera alcance por lo menos a superar el 2.5 % del PBI.

Un paso fundamental para la gran reforma del sector salud es el anhelado proyecto de Aseguramiento Universal Sostenible, que, según ha anunciado el presidente García, será enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso como parte de «la revolución de la salud». Un punto central en este proyecto es el subsidio público total o parcial de la atención médica a las personas cuyos ingresos se encuentren por debajo del mínimo legal. El actual seguro sólo atiende al 17% de la población económicamente activa (PEA). El presidente García, sin embargo, todavía no ha explicado en detalle cómo funcionará el aseguramiento universal. «Sólo ha prometido que pronto enviará un proyecto de ley al Congreso, donde ya existen siete proyectos de ley de las diversas bancadas, incluyendo la aprista», advierte el doctor Herberth Cuba García, vocero de la Asociación Médica Peruana.

Ante este panorama, el especialista Pedro Francke concluye que el gobierno no tiene una visión estratégica en el tema del aseguramiento universal, y que los temas de interculturalidad, equidad de género y derechos se encuentran ausentes de la política de salud. «Las iniciativas que se han dado en el sector son aisladas y se encuentran dentro de un marco de poco presupuesto y de la inexistencia de un plan de gobierno».

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº86, agosto 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-05-06.pdf