El gobierno aprista y su equivocado modelo de desarrollo

Luego de los trágicos sucesos de Bagua, el gobierno central ha sido calificado como intolerante por la persecución que ha iniciado contra varios dirigentes sociales como por ejemplo los líderes de AIDESEP. Muchos opinan que el actual gabinete es de confrontación y que el presidente García insiste en aplicar su política del síndrome del perro del hortelano, que solo favorece a una minoría del país: los grupos de poder.

¿Qué significó la Reforma Agraria para el Perú?

¿Qué significó la Reforma Agraria para el Perú? ¿Cuáles son las luces y sombras de este proceso social y político? Han pasado 40 años desde su implementación, espacio de tiempo suficiente para analizar lo que significó este proceso en la transformación social y económica de nuestro país. Lo más resaltante sin duda es la reivindicación histórica de miles de hombres y mujeres del país, que no eran reconocidos como ciudadanos, y que gracias a la Reforma Agraria pasaron a serlo.

Reforma Agraria Perú: 40 años después - primera parte

Hace 40 años se inició una de las reformas sociales y económicas más radicales de la historia republicana del Perú. El autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, presidido por el general Juan Velasco, promulgó la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969. El gobierno simultáneamente tomó manu militari las haciendas agroindustriales azucareras, afectando a lo que se consideraba era el eje de la oligarquía terrateniente: los barones del azúcar. Se pensaba con ello evitar que los hacendados se organizasen para oponerse a la reforma agraria. Y así fue.

La experiencia de la comunidad nativa de Cacataibo - Fernando Estrella

Cacataibo es una etnia que ha vivido durante años, haciendo prevalecer su identidad cultural. Ellos están organizados en la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, en Ucayali, que se creó hace 20 años y es presidida por Fernando Estrella. Él cuenta que los pueblos indígenas que conforman Cacataibo conviven pacíficamente y viven de sus cosechas. En conjunto cuidan su hábitat, el río y los bosques que los rodean, pero con las licencias forestales que concede el Estado a las grandes madereras se ve perjudicados, Más aún con la tala ilegal de árboles, de la que son muchas veces culpados, cuando en realidad son víctimas.

Nativos solicitan al gobierno central la creación de una reserva territorial

Tras los conflictos sociales, el país parece, finalmente, haber volteado sus ojos hacia la amazonía. Ángel Simón Angulo, presidente de la comunidad nativa Cacataibo, Puerto Azul, plantea la creación de una reserva nacional y pide al Gobierno una ampliación de sus territorios.

La comunidad de Puerto Azul afirma que este pedido, por un lado, evitará futuros conflictos tan catastróficos como los de Bagua, y, de otro, ve necesaria la ampliación de su territorio, ya que cuentan sólo con 4 mil hectáreas, que resultan insuficientes para una población que suma más de 1400 habitantes.

Tras la masacre en Bagua Perú: ¿Porque miles de peruanos se movilizan y protestan en el país?

¿Desde cuando dura el histórico abandono del Estado Peruano hacia la serranía y amazonía?



Sinceramente no debería causar sorpresa ni llamar la atención el incremento de las protestas de los campesinos organizados en diferentes partes del país. Tras la masacre en Bagua y la aparente resolución del conflicto amazónico, diferentes organizaciones, especialmente las del ande, han encontrado la manera de replicar estas protestas en sus propias regiones y canalizar sus demandas. Una protesta social que se le ha escapado de las manos al gobierno central que no ha sabido -ni querido- encontrar una solución a través del diálogo, sino más bien a través de la represión y la terquedad en defender sus medidas

EXIGENCIA DE DIALOGO - ¿Porqué hemos llegado al punto de que las organizaciones campesinas de nuestro país "exijan" un diálogo? ¿Acaso el diálogo no debería ser un proceso natural y de fácil acceso para las organizaciones representativas del país?. El solo hecho de observar protestas y movilizaciones que "exigen el diálogo", demuestra que las autoridades no han trabajado en crear canales o mecanismos de diálogo con organizaciones de la sociedad civil.

NO ES BROMA LO QUE ESTA PASANDO AQUI - Dicen que los peruanos son "ultimones". Es decir que dejan todo para último momento. Muchas veces las autoridades esperan ese último momento. Es decir, ver a miles de personas con palos y arengas, frente a las puertas de sus oficinas -o encima de sus escritorios- para hacer caso a estas protestas.

CERRARON LA CARRETERA - Obviamente que bloquear carreteras está considerado un delito por las leyes peruanas. Nadie cuestiona eso. Pero nos preguntamos ¿Los campesinos y gremios organizados tienen otra manera de canalizar su protesta, desesperación y desconfianza a las autoridades? O viéndolo desde otro enfoque ¿porqué las autoridades solo se dan cuenta de este sector olvidado, cuando hay bloqueo de carreteras?.

CANSADOS DE LAS MECIDAS DEL GOBIERNO - Ya es muy conocida la estrategia de algunas autoridades gubernamentales de extender la duración -o incluso el inicio- de las "mesas de diálogo", o de la firma de "actas de acuerdo", que muchas veces sirven como una manera de calmar la presión social, o apagar un incendio, sin solucionar de verdad los problemas de fondo.

LISTOS PARA LA REUNION - Muchas de las organizaciones sociales no se quedan solamente en el accionar demandatorio, sino que también tienen propuestas interesantes y bien construidas sobre lo que ellos desean para el futuro de sus comunidades. Y quieren ser escuchados por las autoridades y la clase política.

QUE NO SE OLVIDE DE ESTE PUEBLO TAN OLVIDADO - La frase resume por sí sola este sentimiento muy extendido y arraigado en las zonas rurales del país.

ENFRENTARSE AL SISTEMA - QUE NO AMENACE MUCHO. ¿A qué le llama "amenaza" el premier Yehude Simon? ¿El protestar o expresar un malestar, es amenazar a la autoridad? ¿Eso significa enfrentarse al sistema? Para el debate...

El mensaje de Alan García sobre la "otredad" indígena, tras la masacre en Bagua

¿Cómo categoriza el presidente Alan García a los pueblos indígenas? ¿A la otredad indígena? ¿qué es la otredad?



Un extracto del artículo "Las barreras de la otredad" de Ana Teresa Toro:
"...El concepto de otredad se utiliza en las ciencias sociales principalmente para definir el modo en que un grupo o individuo homogéneo se posiciona con respecto a uno distinto al suyo... el Otro provoca curiosidad a partir de su diferencia, extrañamiento o incluso, puede llegar a generar recelo o hasta temor..."


Sobre el reciente mensaje presidencial de Alan García hay un interesante post, "La construcción del significado negativo de los otros", de la lingüista Nila Vigil del blog "Instituto Lingüístico de Invierno", donde analiza el trasfondo de la palabras presidenciales. Aquí un pequeño extracto:

"...Acabo de escuchar el mensaje a la nación del presidente García y en él se refleja claramente esta estrategia (además de su indolencia y su falta de respeto por los pueblos indígenas de la Amazonía). ...quiero llamar la atención sobre cómo su discurso busca diferenciar (y confrontar) tres grupos: Nosotros, los nativos y los enemigos del Perú..."


¿Cual es la visión de García sobre la "otredad indígena"?

Margarita Benavides, representante del Insitituto del Bien Común (IBC), llama la atención sobre un comunicado publicado en el diario Perú21, el pasado martes 16 de junio. Una desconocida organización "indígena", promovida por el Partido Aprista, trata de deslegitimar a AIDESEP como interlocutor en el proceso de diálogo entre el gobierno central y las comunidades nativas.

Lo más grave de la denuncia es que algunos funcionarios del INDEPA estarían detrás de esta nueva organización promovida por el partido Aprista. Estos funcionarios estarían fungiendo de juez y parte.

Margarita Benavides de IBC exigió que Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República se pronuncien urgentemente sobre el tema.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la nueva Ley de Recursos Hídricos

La tradicional y vetusta ley de aguas peruana cambió. No solo en la complejidad de su estructura sino también hasta en el nombre. Desde el pasado 30 de marzo lleva el altisonante nombre de Ley de Recursos hídricos. Luego de varios años de discusiones, luchas de poderes e infinidad de proyectos ley, el país por fin cuenta con una norma legal, en la cual se guardan varias expectativas, especialmente sobre el tema de la conservación y buen uso del agua.

El programa radial TIERRA FECUNDA realizó una interesante Mesa Redonda con la participación de connotados especialistas, para develar las principales preocupaciones acerca de la ley aprobada. Los temas van desde la privatización de la gestión del agua, hasta el retiro de la frase sin fines de lucro. Desde proponer que se otorgue mayor importancia a la gestión por cuencas, hasta plantear que los comités de cuencas tengan un carácter vinculante. También se cuestionó que la ley muestre una excesiva promoción de la inversión privada con varios artículos que no contemplan la desigualdad social del país y que en la práctica serían discriminatorios.

Participan el Doctor Laureano del Castillo, abogado especialista del CEPES; la Doctora Patricia Urteaga, Coordinadora del Proyecto NUFFIC-Perú; el Ingeniero Agrícola Alfons Broeks, asociado del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, IPROGA; y el abogado Ciro Oblitas asesor legal de la Junta Nacional de Usuarios.

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Reconstrucción tras el terremoto - Castrovirreyna : un Perú olvidado

¿Cuál ha sido la presencia del Estado Peruano en el proceso de reconstrucción de la provincia de Castrovirreyna en Huancavelica?. Después del terremoto del 15 de agosto del 2007, el presidente Alan García anunció con bombos y platillos que el Fondo de Reconstrucción del Sur, FORSUR, otorgaría dinero a las familias damnificadas. Sin embargo la reconstrucción avanza a paso de tortuga.

Con un equipo de comunicaciones del CEPES viajé a Castrovirreyna en febrero del 2009 y realizamos este video sobre los problemas que aún enfrenta la provincia como consecuencia del trágico terremoto.



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Analizando el TLC Perú-Estados Unidos y el paquetazo de decretos legislativos

El Gobierno Peruano ha promulgado varios decretos legislativos con la intención de preparar a la agricultura peruana para afrontar el cuestionado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, estos decretos fueron criticados fuertemente por muchos especialistas debido a que no se aplican a la realidad del campo y atentan contra las propias comunidades campesinas y pequeños agricultores, los grandes perjudicados por el TLC con Estados Unidos.

¿El TLC con Estados Unidos solo favorecerá a los grandes exportadores? ¿La pequeña agricultura tiene la capacidad para entrar a una dinámica agroexportadora? ¿Cuál es el mejor modelo de asociatividad que se puede aplicar a la actual realidad del campo peruano?.

En la actualidad se está analizando el decreto legislativo 1020, que se refiere a la promoción de la competitividad y asociatividad en el agro peruano. A través del decreto, el gobierno central promueve la entrega de crédito agrario a aquellos agricultores que se agrupen y conformen una asociación con 20 hectáreas como mínimo. Sin embargo una de las críticas a este decreto es que los agricultores asociados serán solidarios en la deuda, si es que alguno de ellos deja de pagar el crédito. Para muchos especialistas esto no se aplica a la realidad del campo debido a la desconfianza existen entre los pequeños agricultores.

Otro cuestionamiento es que este decreto solo se preocupa en la entrega de créditos y no va acompañado de otras medidas complementarias que son fundamentales, como por ejemplo la asistencia técnica y comercial, la capacitación de los agricultores, la mejora de tecnología, elementos importantes para conseguir el éxito de una asociación. Sin ellas, la experiencia asociativa podría acabar en deudas impagables y los consabidos remates judiciales de tierras.

El programa radial "Tierra Fecunda" realizó una Mesa Redonda para analizar estas medidas gubernamentales. Participan el doctor Eduardo Zegarra, economista de GRADE; el periodista Reynaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias; la abogada Iris Camacho, investigadora de CEPES; y el ingeniero Raul Chao, gerente de ASPA. Ellos desnudan las principales fallas del TLC con Estados Unidos y sus negativos efectos en la agricultura peruana, y también analizarán el decreto legislativo 1020 que según el gobierno, pretende fomentar la asociatividad en el agro.

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Sembrando agua, cosechando futuro

El futuro del manejo del agua en los Andes, podría estar en nuestro pasado prehispánico, con una propuesta de probada eficacia. Se trata de las amunas, un antiguo sistema de «siembra» y «cosecha» de agua.

La «champería» se ha iniciado. Al compás de la tinya (tambor) y del wakra (trompeta), decenas de hombres y mujeres de la comunidad de Tupicocha, en la parte alta de la cuenca del Lurín, se dejan llevar por la música, el baile y los gritos. Rindiendo culto a la Mamacatiana y al Taytapincollo —los dueños o cuidadores del agua—, limpian canales y acequias que forman parte de las amunas, un antiguo sistema de «siembra» y «cosecha» del agua. Según algunos especialistas, el término amunas provendría de la palabra quechua amuy, que significa «retener». Y es precisamente eso lo que realizaban los pobladores altoandinos en tiempos preincaicos: desviar el agua de las lluvias hacia acequias especialmente construidas con este fin, para luego «sembrarla», es decir, filtrarla hasta la roca del subsuelo o el acuífero. Meses después, en época de estiaje, el agua reaparecía en la parte media o baja de la cuenca, en forma de manantiales o arroyos, lista para ser utilizada en las actividades agropecuarias. Es lo que se conoce como «la cosecha del agua».

En el estudio «Las amunas de Huarochirí» —del que es coautor el economista Andrés Alencastre, del proyecto Gestión Social del Agua y Ambiente de Cuencas (GSAAC)— se explica el funcionamiento de este sistema de captación y almacenamiento de agua en la sierra alta de Lima, desde el momento en que se «roba» el agua de la quebrada, para llevarla por las acequias amunadoras y depositarla en suelos permeables, hasta su «cosecha», varios meses después, en plena época de estiaje.

Tal sistema es hoy posible, en parte, gracias a que hace veinte años los lugareños construyeron una serie de pequeños reservorios que actualmente almacenan de 20 mil a 100 mil metros cúbicos. «Tardamos ocho años en lograrlo, pero lo hicimos con el esfuerzo de la comunidad y utilizando técnicas propias», recuerda Teodoro Rojas Melo, alcalde de Tupicocha. No debemos olvidar, sin embargo, que el sistema de las amunas depende de mucho más que solo infraestructura. «Las amunas también son una organización, una jerarquía, un culto y un manejo del territorio», asegura Alencastre. «Es un sistema de vida que articula todas las partes de una cuenca».

Amunas frente al cambio climático

Ante el actual proceso de cambio climático global —una de cuyas consecuencias más perniciosas sería el incremento en la duración de los periodos de sequía y lluvias—, la pregunta cae por su propio peso: ¿pueden convertirse las amunas en una alternativa de uso masivo para mejorar y garantizar el acceso al recurso hídrico en las cuencas andinas? Alencastre está convencido de que sí. «Si se construyen como parte de una política mayor, las amunas son una buena alternativa para disminuir la vulnerabilidad que puede provocar la falta o exceso de lluvias», sostiene.

Para el estudioso, es el Estado el llamado a promover una mayor difusión del sistema de las amunas. En su visión, el primer paso consiste en tomar conciencia de las tecnologías andinas con potencial para cambiar los paradigmas actuales. Luego, debe formarse y fortalecerse la institucionalidad competente, para finalmente articular el sistema de las amunas con un solo esquema de gestión del agua en las cuencas.

En el caso de las amunas, se trata de una técnica cuya eficacia ya ha sido comprobada por los campesinos de la sierra alta de Lima. Todo lo que tenemos que hacer es cosechar el fruto maduro que los campesinos andinos, hace ya mucho tiempo, sembraron. Obviamente, combinando esos conocimientos con los avances actuales.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº94, abril 2008)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra94/LRA94-16.pdf

Un enlace a un video realizado por GSAAC sobre la experiencia de la comunidad de San Andres de Tupicocha para preservar "Las Amunas"

Desastres "naturales": ¿podemos prevenirlos?

Los desastres llamados «naturales» son una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza del agricultor peruano. A pesar de su nombre, este género de desastres tiene como gran responsable al ser humano. ¿Es posible minimizar los riesgos?

«Nuestra sociedad aún no ha aprendido las lecciones de experiencias previas. Por eso seguimos sufriendo lo mismo», sostiene el geólogo Juvenal Medina, jefe del Programa de Prevención de Desastres del ITDG, ONG inglesa con sede en el Perú.

Las cifras parecen confirmar esa afirmación. Solo en lo que va del año, las intensas lluvias en 17 regiones del país generaron más de 10,800 damnificados y más de 562,364 afectados, según cifras del Instituto de Defensa Civil (Indeci) al 13 de marzo. En el sector agrario se registraron 316 hectáreas destruidas, mientras 14,599 hectáreas resultaron afectadas, especialmente en las regiones de Amazonas, Lambayeque, Tumbes y Ucayali.

Hasta el cierre de esta edición no se tenía una cifra oficial sobre las pérdidas económicas en el sector, principalmente respecto a las generadas por la pérdida de cosechas. Por lo pronto, el presidente regional de Lambayeque, Yehude Simon, calculó que, solo en su departamento, las pérdidas ascenderían a S/.10 millones. El gobierno regional de Huánuco maneja una cifra similar, mientras que en Tumbes las autoridades afirman que la pérdida de la producción de banano y arroz, así como los daños en infraestructura de riego, ascienden a S/. 45 millones.

¿Desastres naturales o humanos?

En el Perú los desastres conviven con su historia: lluvias, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, Niños, Niñas, y terremotos, han dejado sentir sus efectos en aquellas zonas agrícolas que se encuentran en permanente riesgo. Pero ¿debemos echarle la culpa solo a la naturaleza? A su manera, Medina adelanta una respuesta cuando dice que no se deberían llamar «desastres naturales»; lo que existe son eventos generados por fenómenos naturales, y los desastres se deben a la existencia de una vulnerabilidad que es producto, muchas veces, de la actividad humana, como sucede, por ejemplo, con la deforestación. «Es como achacar a la naturaleza una responsabilidad que no tiene y seguir negando que nosotros, como sociedad, somos en gran medida responsables», asevera el experto.

Gilberto Romero —director del Centro de Estudios de Prevención y Desastres (Predes)— comparte esa opinión. Cita, como ejemplo, que en el Perú se cultivan productos que no son adecuados ni resistentes a los tipos de clima bajo los cuales crecen. Así, se siembran cultivos en áreas donde hay grandes riesgos de inundaciones, o se instalan sistemas de riego que erosionan laderas y provocan un progresivo deterioro del suelo.

Gestionando el riesgo

Un primer paso, y de la mayor importancia, para la prevención es aprender a manejar información climática para la toma de decisiones de siembra, cosecha, etc. «Ni el Estado ni los agricultores tienen la costumbre de manejar información climática: es una cultura que hay que sembrar», explica Romero. La responsabilidad del Estado sería aun mayor, pues, según el experto, la información climática o hidrometeorológica que producen el Senamhi, Inrena y otras instituciones estatales es deficiente, y no existen canales de comunicación adecuados para que los agricultores accedan a ella.

Otro problema es la falta de institucionalización de la gestión de riesgo. A pesar de la existencia de un Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, coordinado por el Indeci, todavía hay mucho pan por rebanar. Es más, bajo la actual política de desarrollo que se promueve en el país, el análisis del riesgo no está integrado en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.

«Se hacen inversiones públicas sin tomar en cuenta los riesgos presentes en el territorio, y es por eso que son vulnerables», asegura Medina. Así, luego del fenómeno de El Niño de 1983 se promovió la reconstrucción de la infraestructura afectada, en los mismos lugares, sin considerar la recurrencia de estos eventos. Como era de prever, El Niño de 1998 afectó las mismas obras. Para Medina, «esta es una clara muestra de que no hay aprendizajes ni lecciones».

Desde hace algunos años se han desarrollado propuestas y experiencias con el fin de aplicar estrategias de adaptación o de mitigación para que los agricultores pongan su producción a buen recaudo. Así, se han construido estructuras de protección de cultivos, principalmente terrazas, y se ha reforestado con la intención de dificultar deslizamientos, entre varias técnicas existentes para prevenir desastres «naturales».

Con todo, lo más importante es que los planes de prevención del Estado sean capaces de valorar y fortalecer las capacidades locales, como las capacidades de los agricultores, que son quienes más experiencia tienen en enfrentar este tipo de desastres.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº93, marzo 2008)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra93/LRA93-10-11.pdf

¡Y se hizo la luz…!

Tras décadas de vivir con fuentes de energía precarias, decenas de poblados de las zonas rurales más alejadas del país cuentan hoy con energía eléctrica gracias a la instalación de microcentrales hidroeléctricas.

Los habitantes de Tamborapa Pueblo no lo podían creer: la electricidad había llegado. En aquella alejada zona rural de Jaén (Cajamarca), los pobladores se habían acostumbrado a las velas, las pilas y las lámparas de kerosene. Eran fines de la década de los noventa y, por primera vez en sus vidas, por fin podían encender un foco en su casa o enchufar la radio para escuchar el esperado partido de fútbol. En 2007, así como Tamborapa, otros poblados rurales de Cajamarca, Piura, Lambayeque y Ayacucho cuentan con energía eléctrica gracias a la construcción de 52 microcentrales hidroeléctricas que, como parte del Proyecto de Energías Renovables, ha desarrollado en todos estos años la ONG inglesa, con sede en el Perú, ITDG (Intermediate Technology Development Group, por sus siglas en inglés).

El problema que atravesaban dichas comunidades era tan claro como la luz que no tenían: la falta de acceso a servicios de energía eléctrica limitaba su desarrollo económico, contribuyendo, entre otras cosas, a generar una alta tasa de migración. Como estas comunidades se encuentran en zonas remotas, los costos para conectarse a la red eléctrica nacional son muy altos y poco rentables para el Estado o las empresas privadas. ITDG encontró una alternativa: aplicar el principio de las grandes centrales hidroeléctricas, pero a pequeña escala, a través de la tecnología de las microcentrales. Como explica el ingeniero mecánico Celso Dávila —coordinador del proyecto—, el sistema permite aprovechar el agua de ríos y quebradas para producir electricidad por medio de turbinas hidráulicas y generadores.

La fortaleza del proyecto no es solo tecnológica, sino social. Las poblaciones beneficiarias participan activamente, asumiendo los costos de instalación y encargándose ellas mismas del manejo y mantenimiento de las microcentrales. Para ello, el proyecto capacita y organiza a los pobladores, quienes forman pequeñas empresas. Como afirma Dávila, «los pobladores se involucran y sienten que el proyecto es suyo».

Para financiar esta iniciativa, ITDG creó —con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— el Fondo de Promoción de Energías Renovables, que entrega un crédito en dólares (a una tasa de interés anual de 8%) que se utiliza para la construcción de la microcentral. «El crédito que se entrega a la comunidad representa un 25% del costo total de la obra», manifiesta Dávila. El resto se completa con donaciones o aportes provenientes del extranjero.

Con la tecnología desarrollada por ITDG —si comparamos los costos de instalación actuales con los de años anteriores o con lo que costaría la interconexión a la red nacional—, los costos resultan manejables. Por ejemplo, un equipo de 400 vatios, suficiente para dar energía a ocho familias, cuesta U$400. Sin embargo, como cualquier tecnología, los equipos requieren mantenimiento.


La sostenibilidad del proyecto, por ello, depende de una tarifa por el servicio. «Hacemos una evaluación del poder adquisitivo de los pobladores y de cuánto podrían pagar», explica Dávila. En zonas pobres, se fija una tarifa mensual de entre S/.5 y S/.15. Así, las empresas de la comunidad, que gestionan las microcentrales, pueden generar los recursos necesarios para mantener los equipos.

De acuerdo con ITDG, uno de los primeros beneficios de contar con energía eléctrica es que la población deja de utilizar las clásicas lámparas de kerosene, dañinas para la salud y el medio ambiente. Niños y profesores pueden estudiar y preparar sus clases, respectivamente, en horas de la noche, sin tener que depender de la escasa visibilidad de una vela; y las escuelas pueden usar computadoras, fotocopiadoras y televisores. La migración ha disminuido.

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº90, diciembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra90/LRA90-32.pdf

TLC: Se sienten pasos

La emoción de la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y de los representantes del gobierno peruano tras conocer la aprobación del TLC por la Cámara de Representantes de EE.UU., son fiel reflejo de la política asumida por este gobierno frente al controvertido acuerdo: que se apruebe sí o sí.

Cual Papa Noel cargado de regalos, el mes de diciembre traería al sector agropecuario un obsequio navideño que nunca pidió y, menos aún, deseó: la aprobación en el Congreso norteamericano del acuerdo de promoción comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos. A pesar de los «beneficios» que se le atribuyen al tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., existe un claro ejemplo que contradice todo lo dicho: México.

Tras trece años de aplicación del acuerdo, el país de los mariachis no ha logrado solucionar sus problemas de pobreza y desempleo; más aún, ha perdido dos millones de empleos agropecuarios, y cada año migran hacia EE.UU. 300 mil personas de las zonas rurales. Para colmo, el maíz, riqueza cultural y base de la alimentación mexicana, ha sufrido un incremento de precios, producto no solo de la fiebre por los biocombustibles, sino también de la apertura de las fronteras al encarecido y subsidiado maíz norteamericano. En el Perú, los impactos serían, con toda probabilidad, similares. Y es que se estima que las pérdidas para el sector rural podrían superar los cien millones de dólares al año si los sectores productivos no reaccionan o no pueden reconvertir sus cultivos hacia actividades más rentables.

Aunque las autoridades peruanas solo tienen palabras de halago para el TLC, en EE.UU. hay voces críticas. La senadora demócrata, Hillary Clinton, gran favorita para ganar las elecciones presidenciales el próximo año, ha criticado el TLC de su país con México y ha pedido revisar todos los acuerdos comerciales de EE.UU., entre ellos con el Perú. Una declaración que ha caído como baldazo de agua fría a las autoridades peruanas.

¿Entregando el mercado interno?

Para seguir con el ejemplo del maíz, cerca de 200 mil familias se dedican en el Perú a este cultivo, en una superficie de 287 mil hectáreas. La cosecha nacional de maíz amarillo fue de un millón de toneladas en 2006, mientras que la importación llegó a un millón 487 mil toneladas. Pero ahora el maíz nacional debe enfrentarse sin barreras al maíz estadounidense, que recibe un subsidio de US$9 mil millones anuales. «El TLC significará la desaparición del maíz nacional», prevé el dirigente maicero Flavio Moreno. Y este es un problema que deberán afrontar también el arroz, el trigo, la cebada, el algodón, los lácteos y las carnes. Para colmo, la reciente rebaja de aranceles de varios productos agropecuarios adelantó en muchos casos la desgravación y debilitó nuestras posibilidades de negociación.

En palabras del economista Pedro Francke, «es como si hubiéramos otorgado medio TLC a todo el mundo, sin pedir nada a cambio». ¿Y las compensaciones?, dirán algunos. Más allá de que resulta poco claro cómo se otorgarán, ellas están diseñadas para atender solo a los productores de algodón, maíz amarillo y trigo, sin considerar a otros cultivos. En un principio se habló de S/.112 millones anuales, pero las organizaciones agrarias calificaron esta cantidad de «irrisoria», amén de cuestionar el sistema mismo. Y el precedente mexicano no ayuda precisamente a calmar los ánimos. «Las compensaciones no contribuyeron a que el campo mexicano lograra una transformación productiva», ha señalado el economista de GRADE, Javier Escobal, en el marco del debate que generó en 2005 el anuncio del plan de compensaciones para los sectores considerados ‘sensibles’ en la negociación comercial entre Perú y EE.UU. «Solo una pequeña parte terminó en las manos de los pequeños agricultores, y aquí corremos el mismo riesgo», advirtió.

El proceso

Pero si finalmente el Congreso norteamericano aprueba el acuerdo en diciembre, ¿cuánto tardará en implementarse? Según el asesor especial para la ratificación del TLC, David Lemor, el proceso tiene un plazo máximo de seis a ocho meses, es decir, hasta julio del próximo año. Y si su implementación se demora, también podría atrasarse su entrada en vigencia, porque, después de ello, advierte Lemor, «estaríamos entrando a una zona de peligro por las elecciones presidenciales en Estados Unidos».

Luego viene un proceso de certificación por ambos países, que deben supervisar que todo esté conforme al texto del acuerdo. Esto podría demorar un mes, antes del anuncio oficial de la entrada en vigencia del TLC, entre agosto y setiembre de 2008. El tiempo resulta harto insuficiente para preparar al sector agrario. Como asevera Francke, «el gobierno no tiene ningún plan para el agro, ningún plan que permita hacer frente a los efectos del TLC».

(Publicado en "La Revista Agraria", Nº89, noviembre 2007)

http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra89/LRA89-13-14.pdf